Setenta de los condenados fueron transportados el pasado domingo, 5 de enero, dijo el Ministro de Justicia, Constant Mutamba, sumándose a otros 102 prisioneros que ya habían sido enviados a la prisión de Angenga en la Provincia de Mongala. Los hombres han sido condenados por robo a mano armada y son conocidos localmente como “Kulunas” o “bandidos urbanos”, y tienen entre 18 y 35 años, indicó Mutamba en un comunicado.
Para algunos, la restauración de la pena de muerte en RDC supone un medio y/o medida necesaria para recuperar el orden y la seguridad en las ciudades, mientras que otros están preocupados por los riesgos de abuso y violaciones de derechos humanos. «Acogemos esta decisión del Ministro, porque ayudará a poner fin al crimen urbano. A partir de las 8 de la noche no puedes moverte libremente porque tienes miedo de encontrarte con un Kuluna», expresó Fiston Kakule, residente de la ciudad oriental de Goma.
Espoir Muhinuka, activista de derechos humanos, advirtió sobre la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales y pidió un estricto respeto por los procedimientos judiciales y las garantías fundamentales. El activista teme que la presión política pueda llevar a condenas injustas y ejecuciones arbitrarias. «La situación en la RDC es compleja y requiere un enfoque multidimensional. La lucha contra las bandas urbanas debe ir de la mano con esfuerzos para combatir la pobreza, el desempleo y la exclusión social, que a menudo son factores contribuyentes al crimen», manifestó.
Congo abolió la pena de muerte en 1981, pero fue restablecida en 2006. En marzo de 2024, el Gobierno congoleño anunció la reanudación de la pena capital en casos de traición por parte del personal militar. En mayo del mismo año, un total de ocho soldados fueron condenados a muerte y en julio, otros 25 también fueron condenados por delitos similares.
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