Jackson Nkamba, Comisario Superior de la Policía Nacional Congoleña (PNC), justificó la medida destacando las malas condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad. «Nos formaron con dinero del gobierno congoleño, y yo soy congoleño. Si el Gobierno proporcionara los recursos necesarios, la policía sería profesional. Nos están formando para convertirnos en un nuevo tipo de policía; una policía que no tenga que intervenir a pie ni salir al campo sin haber comido siquiera», afirma.
Los desertores recibirán un nuevo entrenamiento en Rumangabo, en Kivu del Norte, bajo la supervisión de la AFC/M23. El movimiento afirma que su objetivo es establecer una fuerza policial más disciplinada y eficaz en las zonas bajo su control.
La agenda de seguridad del M23
El General, Bernard Byamungu, Jefe de Operaciones del Ejército Revolucionario del Congo, destacó el compromiso del movimiento de restablecer la seguridad desarmando a los civiles. «Hay que retirarle todas estas armas a la población para que pueda vivir en paz. Trabajaremos juntos para garantizar la seguridad», afirmó.
Lawrence Kanyuka, Portavoz del M23, calificó las deserciones como un paso hacia una visión política más amplia. «Los agentes de policía que se unen a nosotros quieren trabajar con nosotros para liberar el país y luchar contra el tribalismo, la exclusión y el mal gobierno», explicó.
Una situación de seguridad que empeora
Mientras el M23 amplía su control, el Ejército congoleño (FARDC) insta a los desertores a regresar a sus unidades, al tiempo que los combates continúan sobre el terreno. En Lubero, los enfrentamientos entre las FARDC y el M23 han provocado saqueos generalizados, lo que ha empeorado aún más la crisis de seguridad de la región.
7.000 muertes desde enero
Al menos unas 7.000 personas (combatientes y civiles), han muerto desde enero del año en curso en combates en el Este de la República Democrática del Congo, dijo ayer lunes, Judith Suminwa, Primera Ministra del país en una reunión de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. En Goma, se registraron alrededor de 3.000 muertes, afirmó Judith Suminwa, y alrededor de 450.000 personas quedaron sin refugio después de que 90 campamentos de desplazados fueran destruidos.
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