El gobierno togolés ha emitido varias órdenes de arresto contra miembros influyentes del Movimiento 6 de Junio (M6.6), principalmente artistas, blogueros y activistas radicados en el extranjero. A estos últimos se les acusa de haber orquestado, desde junio, campañas que llaman a la juventud togolesa a levantarse contra el régimen del presidente Faure Gnassingbé, en el poder desde 2005.
Según un comunicado oficial, estas figuras están en el punto de mira por «incitar a la desobediencia civil«, «difundir información falsa» y «socavar la seguridad del Estado«. Las autoridades denuncian una «estrategia de manipulación orquestada desde el exterior» destinada a desestabilizar el país a través de las redes sociales, que se han convertido en el principal canal de movilización del M6.6.
«El Estado adoptará todas las medidas necesarias para garantizar el respeto del orden público y proteger las instituciones republicanas», dijo el ministro de Seguridad, al tiempo que afirmó que se desplegarán medidas reforzadas durante los próximos días de movilización.
Sobre el terreno, el clima sigue siendo tenso. Las recientes manifestaciones, a veces violentamente reprimidas, han provocado la muerte de cinco personas, según las autoridades, y varias decenas de heridos, según organizaciones de derechos humanos. Ante este panorama, partidos de oposición y movimientos ciudadanos han decretado, a partir de ayer viernes, 11 de julio, una serie de días de oración y meditación por los damnificados. También se ha anunciado un período de luto nacional de cuatro días.
A pesar de las amenazas legales y las medidas de seguridad anunciadas, el Movimiento 6 de Junio no parece estar debilitándose. Desde el exterior, sus líderes siguen llamando a la movilización, denunciando un régimen «autoritario y encerrado» y exigiendo reformas políticas, incluyendo la limitación de los mandatos presidenciales y la organización de elecciones libres y transparentes.
Analistas y observadores coinciden en que esta nueva ola de protestas, más descentralizada y alimentada por la diáspora, podría marcar un punto de inflexión en el panorama político togolés, tradicionalmente controlado con mano firme por el gobierno de turno.
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