Reunida en sesión plenaria bajo la presidencia de Germain Ngoyo Moussavou, la Alta Autoridad de la Comunicación (HAC) justificó esta decisión alegando la proliferación de contenidos considerados difamatorios, odiosos y una afrenta a la dignidad humana. También mencionó los riesgos para la cohesión social y la estabilidad de las instituciones.
Si bien, la Alta Autoridad de Comunicación (HAC) reitera que la libertad de expresión está garantizada en Gabón, sostiene que esta libertad no puede ejercerse violando la ley. A la espera de nuevas directivas, el país se encuentra sumido en un silencio digital sin precedentes, cuyas consecuencias económicas y sociales aún son difíciles de evaluar.
Desde una perspectiva analítica, la suspensión general de las redes sociales constituye una medida excepcional que coloca a las autoridades en una doble situación: restablecer el orden público y, al mismo tiempo, preservar las libertades fundamentales. Si bien combatir la desinformación, el ciberacoso y las violaciones de la privacidad es responsabilidad legítima del Estado, recurrir a un apagón total plantea dudas sobre su proporcionalidad y eficacia a largo plazo.
Esta decisión podría aliviar temporalmente algunas tensiones, pero también afecta la actividad económica, el acceso a la información y la credibilidad del país en materia de gobernanza digital. Por lo tanto, el reto para las autoridades será demostrar que esta medida forma parte de un marco legal estricto, de duración limitada y acompañada de soluciones estructurales capaces de regular de forma sostenible el espacio digital sin comprometer los avances democráticos.
