El nuevo código penal revierte la abolición de la pena capital en 2018. Las autoridades afirman que la medida busca fortalecer el orden público, defender los valores nacionales y mejorar la seguridad.
Esta nación de África Occidental se encuentra bajo un régimen militar desde el golpe de Estado de 2022, liderado por el capitán Ibrahim Traoré, quien anunció el año pasado sus planes para restablecer la pena de muerte.
Según la agencia estatal de noticias, entre los delitos castigados con la pena de muerte se incluyen el terrorismo, el espionaje, la traición, el parricidio y la importación de productos caducados o prohibidos que causen la muerte.
Sin embargo, la decisión ha generado preocupación entre los defensores de los derechos humanos. Amnistía Internacional había instado al gobierno a no restablecer la pena capital.
La última ejecución registrada en Burkina Faso tuvo lugar en 1988. Esta decisión supone un cambio significativo en el sistema de justicia penal del país y plantea nuevas interrogantes sobre los derechos humanos y el uso de la pena capital.
