El Departamento de Educación de Estados Unidos pasó a ser este jueves, 20 de marzo una estructura disuelta después de que el Presidente, Donald Trump firmara una orden judicial para desguazar al organismo, cumpliendo de esa manera su promesa electoral. En un acto llevado a cabo en la Sala Este de la Casa Blanca, donde el mandatario estuvo rodeado de estudiantes y profesores, rubricó en contra de desmantelar el organismo.
«Vamos a devolver la educación, sencillamente, a los Estados donde corresponde. Vamos a cerrarlo lo más rápido posible. No nos hace ningún bien», afirmó Trump. La firma de la orden reduce significativamente el Departamento de Educación, regresando la responsabilidad a los Estados. En estos momentos, la cartera supervisa alrededor de 100.000 escuelas públicas y 34.000 privadas, aunque cerca del 85% de la financiación que reciben proviene de los Gobiernos Estatales.
Las medidas de Trump contra el Departamento de Educación iniciaron hace semanas, cuando la Secretaria de Educación, Linda McMahon, anunció que se había decidido dar de baja administrativa a la mitad del personal, pasando de 4.133 trabajadores a 2.183. Sin embargo, este anhelo de abolir la cartera educativa no se podrá cumplir completamente. La Portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, recalcó que no está dentro de las capacidades del Jefe de Estado, sino que se debe hacer a través del Congreso.
Leavitt también recalcó que el departamento seguirá a cargo de la financiación para la educación especial. A raíz de la Ley de Educación Primaria y Secundaria, también tendrán responsabilidad sobre las ayudas complementarias para los menores de familias con bajos ingresos. La orden del líder republicano insta a la Secretaría de Educación, a reducir los gastos y las atribuciones de su cartera.
Para los republicanos, el organismo educativo se equivocó en condonar préstamos estudiantiles y extender protecciones contra la discriminación sexual en la educación a las personas del colectivo LGTBI. Los defensores de la cartera educativa afirman que es imprescindible para preservar los altos estándares de las escuelas públicas, y achacan a los republicanos de intentar imponer la educación pagada.
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