La Cámara de Diputados recibe desde ayer, a una Delegación del Gobierno encabezado por el ministro de la Función Pública y Reforma Administrativa sobre el análisis del proyecto de ley de los estatutos generales del personal de la administración pública. Para satisfacer las necesidades básicas de la población y contribuir a la solución de los problemas que afectan a las comunidades.
La Comisión del Gobierno que encabeza Eucario Bakale Angue, explica que se constata ambigüedades en el reclutamiento y selección del personal público y en el sistema de prestación de servicios públicos mediante contratación.
Por lo que, “con estos nuevos estatutos, el Gobierno pretende disponer de un instrumento legal que sirva de base para reorganizar la administración, la planificación de la gestión de los recursos humanos, la introducción de nuevas técnicas y modos de gestión, la eliminación de los agujeros legales actuales que conducen a abusos, los funcionarios fantasmas, las excedencias voluntarias y los reclutamientos no justificados, etc.”, explicó el ministro.
Eucario Bakale ha manifiesto que el último informe publicado por Función Pública y Reforma Administrativa sobre el censo de funcionarios, reveló que más de 2.000 funcionarios cuyo paradero se desconocía cobraban sus salarios regularmente. Mientras más de 1.000 disponían de excedencias voluntarias con derecho a la reincorporación en plazas inexistentes, además de la deficiencia de cuadros superiores con capacidad de análisis crítico de planificación y concepción de estrategias.
Este mismo informe, reveló que había una incorrecta asignación de puestos de trabajo a la mayoría de los empleados públicos sin tener en cuenta su perfil, su formación o su experiencia. En este sentido, se pretende establecer que para los puestos de dirección como directores generales y asimilados, se haga con los mismos principios de publicidad, méritos, capacidad, objetividad y necesidad que se exige para los puestos de plantilla.
Al parecer, no será tarea fácil porque los parlamentarios se sujetan al hecho de que es el Presidente de la República quien nombra a estos altos funcionarios, aunque se sabe que es a propuesta de los ministros de estos departamentos del Estado. Una pretensión del Ministerio de la Función Pública que ha sido objeto de amplios debates en el seno del Parlamento.
La nueva ley incluye también la limitación de las excedencias voluntarias con garantía a la reincorporación al puesto de trabajo a un máximo de tres meses. Fijar una liquidación por determinación de empleo cuando un funcionario se haya separado automáticamente del servicio a consecuencia de la suspensión o discontinuidad de su puesto de trabajo y establecer una distinción entre separación de servicio y el despido por falta grave.
