El defensor del Pueblo, Reginaldo Egido Panades, ha presentado este lunes 20 de marzo, ante el pleno de la Cámara de los Diputados, el informe de las actividades llevadas a cabo por ese Órgano Constitucional durante el año 2021; en una sesión desarrollada bajo la moderación del presidente de esa institución parlamentaria, Gaudencio Mohaba Messu.
Ese informe recoge la actuación de esa institución en diferentes áreas, durante dicho periodo, así como sus actividades socio- comunitarias, la formación y capacitación de recursos humanos, las actividades de representación institucional, la información a la población sobre las actividades de ese órgano y la orientación al ciudadano, así como la tramitación de los expedientes y peticiones de mediación y su correspondiente tratamiento.
Durante el año 2021, la Oficina del Defensor del Pueblo registró un total de 174 expedientes, presentados por ciudadanos nacionales y extranjeros residentes en Guinea Ecuatorial, así como los expedientes iniciados de oficio por la misma institución, lo que representa un incremento de 65 %, con respecto al año 2020.
De esos expedientes de quejas, se constata que un 79 % se plantean contra la propia Administración General del Estado, lo que constituye una preocupación que el Alto Comisionado del Parlamento para la Defensa de los Derechos de los Ciudadanos ha venido señalando en años anteriores, en el sentido de que el Estado, como garante de la paz y la armonía sociales, debe evitar en todas sus actuaciones, vulnerar los derechos de los ciudadanos.
El ombudsman ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer aún más los servicios públicos, especialmente los servicios sociales relacionados de forma directa con la dignidad de los ciudadanos y la capacidad de desarrollar sus vidas y expectativas.
Para ello, ha apelado, como en ocasiones anteriores, a un firme compromiso de todas las administraciones públicas y privadas en invertir y potenciar los servicios básicos como la sanidad, la educación y la protección de los grupos socialmente más vulnerables, tales como la tercera edad, las personas con discapacidades, los niños, la mujer, las viudas, los viudos, los huérfanos, las mujeres víctimas de violencia de género, los ciudadanos residentes en la periferia y los pueblos pequeños, sin perjuicio de la inmensa labor que Constancia Mangue, primera dama de la nación, y su fundación llevan a cabo en esos ámbitos.
Arropado por sus dos adjuntos y su equipo de colaboradores, Reginaldo Egido Panades ha detallado las observaciones y las recomendaciones formuladas por su institución, así como las quejas recibidas en relación a sectores como la seguridad ciudadana y derechos de los ciudadanos, la salud, la educación, la mujer, la protección de los menores, las personas en situación de pobreza, la vivienda, la seguridad social, el empleo, la administración de justicia, la responsabilidad patrimonial y las expropiaciones.
Y en su observación, de tipo general, el defensor del Pueblo ha aclarado que su condición de supervisor de la administración, que la Ley Fundamental le otorga, no debe entenderse como una tarea de fiscalización, en su sentido estricto, sino como una plataforma de colaboración, para velar por la observancia de los derechos de los ciudadanos, en su relación con esas administraciones.
El Alto Comisionado ha apelado a una sincera y estrecha colaboración entre las demás administraciones y su institución para encontrar soluciones a los problemas que afectan a la población, en un informe que ha sido adoptado por el pleno de la Cámara de los Diputados, después de escuchar las valoraciones y recomendaciones de los portavoces de los dos grupos parlamentarios.
Gaudencio Mohaba Messu, quien modera las deliberaciones, ha felicitado a Reginaldo Egido Panades y a su equipo, por su dinámica actividad, animándoles a seguir en esa línea para seguir ganando la credibilidad del pueblo.
