La Policía Nacional sigue investigando la falsificación de la firma del jefe de Estado y el reparto de los más de 10 mil millones que habrían robado con ella.
En la segunda fase de los trabajos, se han encontrado con los nombres de un ministro de la actual legistatura y otro de la pasada. Según los informes, ambos habrían estado cobrando mensualmente 5.000.000 de Francos CFA, procedentes de una de las nueve empresas de mantenimiento ficticias.
Se trata de Rufino Ndong Esono Nchama, actual ministro de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal, y Valentín Elá Mayé, exministro de Hacienda y Presupuestos. En las investigaciones ha aparecido un tercer nombre, se trata de Renato Majeda, quien actualmente se encuetra fuera del país.
Aunque sigue abierta la investigación, la policía no descarta que salgan a la luz otras empresas fraudulentas. Las investigaciones han revelado también que los cabecillas de la trama habrían estado pagando a algunos miembros del Gobierno grandes sumas de dinero a cambio de su silencio.
Valentín Elá Mayé, que en su momento negó estar al corriente de esta trama, ahora, se ve involucrado, al aparacer su nombre, junto al de Rufino Ndong Esono Nchama en la nómina de la empresa Kuwait, propiedad de Juan Mañé Ondó.
El nombre de Renato Majeta, el tercer involucrado, apareció en las primeras pesquizas de los investigadores; figuraba como funcionario de la sección de estudio de contratos del Ministerio de Hacienda y autor de la presunta firma con la que el jefe de Estado autorizaba los contratos. Esta vez, se le ha encontrado en la lista de los que cobraban por su silencio.
Por el momento, los pagos de comisiones que se han descubierto solo pertenecen a la empresa Kuwait; pero la Policía Nacional no descarta que las demás firmas estuvieran haciendo lo mismo con otras o las mismas personas como gratitud o garantía de silencio.
Según las investigaciones de la comisión, integrada por miembros del Ministerio de Seguridad Nacional, por el momento se sigue teniendo como punto focal a los mismos autores: Juan Mañe Ondo, Rafael Mba Abogo, Juan Nguema Ondo, Renato Majeda Grueso y Celestino Mbaga Obiang, quienes se habrían llevado más de 10 mil millones de las arcas del Estado de forma fraudulenta.
Los datos de la investigación también revelan que el número de contratos fraudulentos ha aumentado a 24 y las empresas a 9. Algunas no se conoce su sede social. Estas empresas solo existían mediante sellos y su táctica era prestar servicios reales en lugares visibles, como los edificios oficiales, mientras que las demás zonas estaban abandonadas sin ningún tipo de mantenimiento.
Para seguir corroborando los datos y avanzar con los trabajos, el Ministerio de Seguridad ha pedido autorización a la primera ministra para que los miembros del Gobierno implicados en la trama pasen a declarar porque la investigación sigue abierta.
