Ayer martes, 10 de septiembre la directiva del departamento de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico encabezada por su Ministro, Iván Bacale Ebee Molina, ha comparecido ante el Senado para aclarar las inquietudes en torno al Proyecto de Ley que establece la creación de Cuerpos Especiales de Controladores de Finanzas Públicas e Inspectores de Tributos en el país.
Durante la sesión, los senadores interrogaron al Ministro sobre la coexistencia de los nuevos cuerpos con las figuras de Interventor General de Finanzas y el Inspector General de Finanzas, ya contempladas en la ley de finanzas públicas. Bacale Ebee respondió que los funcionarios que ocupen estos cargos seguirán reportando a sus respectivos jefes de servicio, asegurando así una continuidad en la supervisión. En relación con el proceso de reclutamiento y la especialización de los funcionarios, el Ministro explicó que este nuevo cuerpo busca armonizar las directrices de la CEMAC, enfocándose en la formación y capacitación específica para las actividades que desempeñarán.
Iván Bacale Ebee también destacó que, aunque la ley no toma en cuenta la normativa anterior de 1988, que estableció el cuerpo especial de controladores financieros, el Gobierno ha adaptado la nueva ley para integrar las disposiciones necesarias. Asimismo, el titular de Hacienda subrayó que se ha considerado el Presupuesto General del Estado para 2025, y que aunque algunas previsiones de 2024 no se llevaron a cabo, existe confianza de que los beneficios de esta reforma superen sus costos.
La sesión concluyó con una serie de recomendaciones por parte de los senadores, quienes, aunque no pueden garantizar un aumento inmediato en los ingresos del país, decidieron otorgar un voto de confianza al proyecto, convencidos de su potencial beneficio.
La Presidenta del Senado planteó la necesidad de implementar mecanismos que prevengan la fuga de ingresos, recordando que históricamente el país ha tenido ingresos significativos. Además, se abordó el tema de la informatización, donde se cuestionó la falta de simplificación en los plazos de despacho para que los contribuyentes reciban confirmaciones sobre sus ingresos, a raíz de las interconexiones entre los declarantes, la naviera, la aduana y la tesorería.
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