La situación ha sido analizada este jueves en la reunión celebrada en el Palacio del Pueblo en Malabo, presidida por S.E. Nguema Obiang Mangue, y que contó con la participación de los ministerios de Seguridad Nacional, Defensa, Hacienda, Transporte, Tesorería, Electricidad y Energías, además de los responsables de GE-Proyectos.
El informe preliminar de la investigación indica que la empresa encargada del proyecto abandonó parte de las obras, dejando en Annobón equipos, contenedores y vehículos valorados en una cifra millonaria desembolsada por el Estado. Sin embargo, lejos de ser resguardados como bienes públicos, dichos materiales fueron trasladados sin autorización hacia la isla de Bioko y la parte continental del país, donde presuntamente habrían sido comercializados de manera clandestina.
Las pesquisas señalan que el gobernador habría sustraído, entre otros bienes, dos vehículos del proyecto, mientras que Eleuterio Menejal, alias «El Cuchillas» y responsable nacional del proyecto en la isla, está acusado de apropiarse de más de 3.000 metros de cable de cobre, dos tractores y una compresora. Asimismo, Menejal y un ciudadano de nacionalidad nigeriana intentaron extraer un contenedor completo de material, operación que fue frustrada gracias a la intervención del mando militar destacado en la zona.
El informe también recoge que el Comisario accidental permitió la liberación de ambos tras imponer sanciones económicas mínimas, a pesar de tratarse de hechos constitutivos de delito. De los 600.000 francos CFA recaudados, únicamente entregó 400.000, apropiándose del monto restante, lo que supone un claro acto de corrupción y negligencia en el ejercicio de sus funciones.
A día de hoy, los presuntos implicados se encuentran retenidos en dependencias policiales, mientras la investigación continúa para determinar el alcance de los hechos, las responsabilidades individuales y el destino final de los materiales desviados.
S.E. Nguema Obiang Mangue ha sido categórico al afirmar que el saqueo de los bienes del Estado constituye un atentado contra la población, especialmente cuando afecta a proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de las comunidades locales. También ha subrayado que el Gobierno no permitirá la corrupción, el abuso de autoridad ni la impunidad en la gestión pública.
La investigación seguirá su curso hasta esclarecer completamente el caso y asegurar que los responsables respondan ante la ley.
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