La reunión, calificada de urgente y estratégica buscaba esclarecer el porqué del estancamiento operativo que atraviesan estas entidades, y trazar medidas inmediatas para corregir la situación. Durante el encuentro, el Primer Ministro del Gobierno ha señalado fallos graves en la estructura de gobernanza de los organismos, donde según destacó, los Directores Generales están asumiendo competencias que corresponden exclusivamente a los Presidentes de los Consejos de Administración. Uno de los ejemplos más ilustrativos mencionado ha sido la aplicación unilateral de políticas salariales, que por ley deben ser aprobadas y validadas únicamente en el seno de los Consejos de Administración.
La ausencia de control de los pagos que realizan a los respectivos prestadores de servicios así como el hecho de que todos los ingresos que generan cada una de esas empresas en un ejercicio determinado corresponde exactamente al nivel de gastos que ejecutan durante ese mismo ejercicio, dejando sin posibilidad al Estado de recibir los dividendos que le corresponden.
Recordar que en cuanto al caso de los organismos autónomos que reciben subvenciones del Estado, la utilización de las mismas o parte de ellas para el pago de ciertos mantenimientos contratados por la estructura de gobernanza, fueron cuestiones que llevaron al Gobierno crear el Comité de Reestructuración de dichas estructuras para dar solución inmediata a toda esta problemática.
En este sentido, uno de los anuncios más contundentes del Primer Ministro ha sido la instrucción de que, a partir de la fecha, todo pago que supere los 10 millones de F.CFA deberá ser aprobado en los Consejos de Administración. Esta decisión busca cortar de raíz la discrecionalidad con la que hasta ahora, algunos Directores Generales manejaban los recursos. Manuel Osa Nsue ha advertido que, si los Consejos demoran injustificadamente la autorización de esos pagos, el Comité de Reestructuración asumirá el control directo del proceso, a fin de garantizar la transparencia y la agilidad administrativa. Sin embargo, quedan exceptuados de este nuevo filtro, los pagos recurrentes como nómina que podrán continuar su curso normal.
Para fortalecer la rendición de cuentas, el Primer Ministro ha anunciado la instauración de un nuevo módulo de control, mediante el cual, en un plazo máximo de 30 días, todas las empresas y organismos deberán justificar tanto las solicitudes de pago como los gastos ya realizados. Esta herramienta permitirá monitorear con mayor rigor el uso de los fondos públicos y evitar prácticas irregulares.
Otro punto crítico analizado ha sido el cumplimiento del mandato legal que obliga a las Empresas Públicas destinar el 10% de su facturación mensual al Estado, mediante un sistema de débito automático. Al confirmarse que muchas entidades no están cumpliendo correctamente con este procedimiento, el Primer Ministro ha instruido al Ministerio de Hacienda establecer un seguimiento más estricto y permanente para garantizar que se respete lo establecido. Esta decisión se toma habida cuenta de que las empresas públicas no venían destinando los dividendos que corresponden al Estado.
En un tono firme, el Primer Ministro ha puesto fin al reclutamiento de personal sin autorización previa. Al respecto, h asegurado que cualquier contratación no validada por los canales correspondientes será sancionada, insistiendo en que la disciplina administrativa es una condición indispensable para la recuperación del funcionamiento institucional.
El Encargado de la Coordinación Administrativa ha cerrado la reunión subrayando que el Estado no puede seguir tolerando la ineficacia estructural de las entidades públicas, dejando claro que a partir del año 2026 deberá estar resuelta la problemática del mal funcionamiento de las Empresas Públicas y Organismos Autónomos, y que el Gobierno tomará todas las medidas necesarias para alcanzar ese objetivo.
La reunión ha concluido con un llamado a la responsabilidad colectiva, instando a los Presidentes de Consejos y Directores Generales a asumir sus roles con rigor, transparencia y compromiso, para garantizar una Administración Pública eficiente, ordenada y alineada con los intereses del Estado.
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