El Ministro de Justicia, Culto y Derechos Humanos, Reginaldo Biyogo, se reunió ayer jueves, 4 de diciembre con varios líderes religiosos en Malabo, donde les reiteró que la Orden Ministerial N.º 2/2025 prohíbe a funcionarios públicos, militares o miembros de los órganos constitucionales del Estado ser dirigentes de las confesiones religiosas del país.
Durante el encuentro, Reginaldo Biyogo se justificó diciendo que esta prohibición busca frenar un clima de preocupación entre el Poder político y la autoridad espiritual, considerando que esta dualidad de funciones ha derivado en un uso indebido del deber público dentro del ámbito religioso, provocando desvíos doctrinales.
Según el ministerio de Justicia, algunos altos cargos usan las iglesias como plataformas de poder, escapando del control institucional y evitando la fiscalización legal. La disposición también establece que quienes deseen liderar una confesión religiosa deberán renunciar primero a su cargo público, anunciando la decisión con 30 días de antelación, además de prever sanciones para quienes incumplan esta orden.
El ente regulador de la actividad eclesiástica subrayó que «la libertad religiosa tiene límites» cuando entra en conflicto con el orden público, la moral o la justicia. La proliferación de iglesias lideradas por militares o políticos ha generado conflictos internos, disputas de poder y pérdida de credibilidad dentro del movimiento eclesiástico nacional.
El Ministerio sigue viendo con buenos ojos su decisión, ya que sostiene que “es un paso necesario para garantizar la independencia institucional, evitar abusos de poder y rescatar la integridad de la función pastoral como una vocación espiritual”.
Orden Ministerial N.º 2/2025 ya es aplicable y se espera que las confesiones religiosas se ajusten a esta normativa en los próximos, lo cual marca un antes y un después en la relación entre el poder civil y el religioso en nuestro país.
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