Con este propósito, Nguema Obiang Mangue propuso ayer miércoles, 4 de marzo, la creación de una comisión que realizará una inspección sobre el terreno en las distintas infraestructuras del Estado. La misión de esta comisión será verificar si las empresas están legalmente constituidas en el país, el número de empleados que tienen, el tipo de mantenimiento que realizan, el coste real de los productos e insumos que utilizan y las funciones asignadas a cada trabajador. Asimismo, deberá comprobar si las compañías cumplen con sus obligaciones fiscales.
Durante la reunión, celebrada en la Jefatura del Estado en Malabo, también se ha constatado, a través de la Dirección General de Servicios de Mantenimiento y Conservación de los Inmuebles Propiedad del Estado, que existen diferencias salariales en las nóminas de los trabajadores del sector, pese a que deberían regirse por el salario mínimo establecido para cada actividad. Según se ha explicado, algunas empresas pagan por encima de estos niveles, mientras que otras se sitúan por debajo.
Para obtener una información más precisa, la comisión visitará cerca de 6.800 edificios oficiales y unidades administrativas, así como varios tramos de carreteras donde prestan servicio más de 400 empresas de mantenimiento. Sobre el terreno, los inspectores deberán evaluar el estado de los equipos de limpieza, los sistemas eléctricos e informáticos, las instalaciones de fontanería, climatización y demás áreas de mantenimiento, además de entrevistarse con los trabajadores para comprobar si se respetan sus derechos laborales y las obligaciones contractuales.
En este marco, el vicepresidente de la República ha mandatado a la comisión presentar un informe técnico detallado, acompañado de una tabla de referencia que incluya los diferentes puestos de trabajo existentes en las empresas de mantenimiento, los salarios que deben percibir los empleados conforme al salario mínimo interprofesional, la superficie de las instalaciones donde se presta el servicio, el número de trabajadores asignados, así como el precio real de los productos e insumos utilizados en las labores de mantenimiento.
Este estudio también deberá evaluar factores como los equipos informáticos, los espacios verdes, los sistemas técnicos y otros elementos que requieren mantenimiento, con el fin de calcular de forma objetiva los costes reales del servicio.
El objetivo del Gobierno es disponer de una base técnica clara que permita establecer precios justos y coherentes en la contratación de las empresas de mantenimiento, garantizando al mismo tiempo transparencia en la adjudicación de los contratos, eficiencia en el uso de los recursos públicos y el respeto de los derechos laborales de los trabajadores.
Para llevar a cabo esta evaluación, la comisión dispone de un plazo aproximado de un mes para presentar el informe final al vicepresidente de la República.
