El dossier ha sido presentado este martes, 9 de junio durante una sesión de trabajo celebrada en la Jefatura de Estado, en Malabo, presidida por el Vicepresidente de la República, Nguema Obiang Mangue, con la participación del Primer Ministro, varios miembros del Gobierno y representantes de las empresas sometidas a evaluación.
La investigación, que corresponde a la segunda fase del proceso de verificación, examinó la situación de 50 empresas contratadas por el Estado para el mantenimiento de infraestructuras públicas. De ellas, únicamente 43 comparecieron ante la comisión, mientras que siete quedaron excluidas de futuras prestaciones de servicios a la Administración por no presentar la documentación requerida, sin que ello las exima de las obligaciones económicas pendientes.
El informe también pone de manifiesto importantes irregularidades en materia laboral. De los 634 trabajadores declarados por las empresas evaluadas, solo 236 se encuentran en situación regular, mientras que 398 presentan diferentes anomalías relacionadas con su contratación y afiliación.
En el ámbito tributario y de protección social, las compañías acumulan más de 910 millones de francos CFA por concepto de Impuesto sobre Sociedades, más de 33 millones por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), alrededor de 426 millones correspondientes a cotizaciones pendientes al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSESO) y más de 17 millones destinados al Fondo de Protección al Trabajador. En conjunto, la deuda alcanza los 1.387.723.864 francos CFA.
Tras analizar los resultados, el Vicepresidente de la República felicitó a la comisión por el trabajo realizado e instruyó al Ministerio de Hacienda para que mantenga reuniones con las empresas implicadas con el objetivo de establecer mecanismos que permitan la amortización de las cantidades adeudadas al Estado.
Durante la reunión, Nguema Obiang Mangue ha subrayado que la intención del Gobierno no es apartar al sector privado de estas actividades, sino garantizar que las empresas que trabajan para la Administración cumplan con sus obligaciones fiscales, laborales y sociales, además de ofrecer servicios acordes a los recursos económicos que reciben mensualmente del Estado.
Asimismo, ha solicitado a la comisión los informes elaborados por los distintos departamentos ministeriales sobre la calidad de los servicios prestados, así como una evaluación de los medios técnicos y la capacidad operativa de cada empresa, con el propósito de identificar aquellas que cuentan con los recursos necesarios para desempeñar eficazmente sus funciones.
A partir de las conclusiones obtenidas, el Ejecutivo estudiará una posible reorganización del sistema de mantenimiento de las infraestructuras públicas. Entre las alternativas analizadas figura la creación de una empresa nacional especializada en la conservación de los edificios del Estado o la continuidad exclusiva de aquellas compañías que acrediten solvencia técnica, capacidad operativa y resultados satisfactorios.
