Las investigaciones realizadas en las últimas semanas han permitido reunir una serie de datos a los que este lunes, 15 de junio ha tenido acceso la prensa nacional. La información forma parte de un trabajo que la Gendarmería Nacional desarrolla en el seno de la Corte Suprema de Justicia y que, según las fuentes consultadas, se centra inicialmente en varios casos relacionados con la gestión de personal y el pago de salarios dentro de la institución.
Uno de los casos analizados corresponde a María Isabel Mangue Asangono, presidenta de la Audiencia Provincial de Litoral. Según la información recabada, la magistrada solicitó una excedencia voluntaria el 10 de febrero de este año tras recibir una oferta laboral en la empresa Trident Energy en la ciudad de Bata. La solicitud habría sido presentada ante la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente se acordó que Miguel Ángel Owono Obiang asumiera de manera interina las funciones que ella venía desempeñando.
De acuerdo con los datos obtenidos durante la investigación, mientras desarrollaba su actividad profesional en la empresa privada, María Isabel Mangue continuó percibiendo el salario correspondiente a su cargo en la Administración de Justicia, estimado en alrededor de 1.123.000 francos CFA mensuales.
Consultada sobre esta situación, la magistrada ha explicado que su salida del Poder Judicial se realizó mediante una solicitud de excedencia prevista en la legislación vigente.
“Cuando me voy a Trident Energy, mi intención era hacerlo a través de una excedencia, dado que no se pueden ejercer ambas funciones directamente. Solicité la excedencia basándome en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que nos permite solicitar dichas excedencias, y la elevé a mi jefe correspondiente”, ha manifestado.
La investigación también examina la situación de Pablo Obama Mitogo Nkele, director de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia. Según la documentación analizada, Obama Mitogo lleva aproximadamente once meses trabajando en Trident Energy después de haber solicitado dejar sus funciones en la institución judicial.
Los investigadores sostienen que durante ese periodo continuó percibiendo el salario correspondiente a su cargo, estimado en unos 1.800.000 francos CFA mensuales. Asimismo, señalan que Baltasar Nsue fue designado para asumir determinadas funciones de manera interina, aunque no formaba parte del Poder Judicial ni de la función pública.
Según la información recopilada, Pablo Obama entregaba mensualmente 400.000 francos CFA a Baltasar Nsue y conservaba el resto de la asignación salarial que seguía recibiendo.
En sus declaraciones, el director de Asuntos Jurídicos ha explicado que había iniciado los trámites para abandonar el cargo una vez recibió una oportunidad laboral en el sector privado.
“Yo solicité mi cese porque tuve una oferta de empleo que ya venía postulando antes de ser nombrado. Cuando tuve la certeza de que me iban a contratar, solicité a mi jefe que tramitara mi cese”, ha dicho.
Obama Mitogo señalado que informó de la situación a sus superiores y que abandonó sus responsabilidades una vez recibió autorización verbal para hacerlo.
“El presidente de la Corte Suprema de Justicia me dijo que no podía bloquearme la oportunidad, que el Gobierno siempre va a estar y que aprovechara la experiencia profesional”, ha indicado.
También sostuvo que antes de marcharse devolvió los bienes y beneficios asociados a su cargo.
“Entregué el coche oficial, dejé de coger los cupos, dejé todos los complementos del cargo y me vine. El salario seguía entrando porque el acto formal de extinción no se había producido”, explicó.
Otro de los casos incluidos en la investigación corresponde a Juan Bautista Ebang Ndong, actual presidente de la Audiencia Provincial de Wele-Nzas. Según la información que manejan los investigadores, antes de ocupar este cargo ejerció como abogado de la empresa maderera Sofamal.
Las indagaciones señalan que, tras la salida del país de los responsables de la empresa, se le habría encomendado la gestión de determinados activos con el objetivo de atender las liquidaciones de antiguos trabajadores. La investigación trata ahora de determinar el destino de los fondos obtenidos durante ese proceso y esclarecer las circunstancias relacionadas con su posterior salida del país.
Asimismo, la comisión de investigación analiza la situación de Juana Ondó Ngama Inguang, secretaria del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Malabo, y de su esposo, Hilario Alfonso Ela Asumo, director general del Gabinete del presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Según los datos obtenidos, ambos residen actualmente en España, aunque continúan figurando en los registros salariales de la Administración de Justicia. La investigación deberá determinar si esta situación se ajusta a las disposiciones administrativas aplicables.
Por otra parte, los investigadores han detectado casos de personas fallecidas que continúan apareciendo en la nómina de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con la información recabada, estos nombres seguirían registrados como funcionarios activos pese a que ya no forman parte de la administración.
La Gendarmería Nacional prosigue con la revisión de documentación, registros administrativos y declaraciones de los implicados para determinar el alcance de los hechos y establecer las conclusiones correspondientes una vez finalicen las diligencias.
