El caso más relevante afecta a Marathon EG, condenada por la Magistratura de Trabajo número dos de Malabo a indemnizar a un exdirectivo por despido improcedente. Para recurrir ante la Corte Suprema, se exigió a la firma consignar el monto total de la condena más un 20% adicional.
Según Marathon, el tribunal calculó la indemnización con el salario de Manager Comercial, y no con el sueldo contractual del trabajador, considerablemente menor. La compañía asegura que se trata de cargos distintos y que la cifra usada correspondería a otra empleada.
Para el Ejecutivo, esta práctica busca que las empresas consignen sumas infladas para que los órganos judiciales retengan las diferencias y el 20% del total bruto, sin importar el resultado del recurso. Lo define como una técnica corrupta.
En la reunión celebrada en la Jefatura de Estado se han citado casos similares que afectan a Total, Exagon y Trident Energy. Este último es un litigio laboral que enfrenta a la petrolera con José Eko, el informe presentado al Vicepresidente de la república describe que este expediente tiene 4 sentencias; dos de la Corte Suprema de Justicia y dos del Tribunal Constitucional; todas contradictorias entre sí.
Ante esta situación de inseguridad jurídica, el vicepresidente de la República S.E. Nguema Obiang Mangue ha ordenado suspender todos los pagos derivados de estos fallos hasta que se ajusten a la ley. Para ello, las autoridades competentes tienen un plazo de una semana para resolver la situación y devolver los fondos consignados y reorientarlos según el código penal vigente.
También ha anunciado depuración de responsabilidades y consecuencias para quienes manipulen la justicia. Ha pedido a la Fiscalía revisar la ejecución de sentencias contra petroleras y reiniciar procesos con errores de cálculo, incluido uno de febrero de 2025.
La justicia no debe actuar para asegurar beneficios propios ni complacer a las partes por afinidad ni gusto, ha sentenciado Nguema Obiang Mangue. El objetivo, ha dicho el vicepresidente ecuatoguineano, es proteger los intereses del Estado y de las empresas del sector de hidrocarburos, clave para los ingresos nacionales. Para el Ejecutivo, es grave que el poder judicial adopte conductas irregulares ante cuestiones relacionadas con las petroleras que operan en el país.
