A continuación se reproduce el texto íntegro de la resolución núm. 08/2026, de fecha 14 de septiembre, leída por el fiscal general durante la rueda de prensa:
«1.- Ha constituido en el exilio un grupo de oposición a los principios democráticos propugnados por el Estado de la República de Guinea Ecuatorial, denominado Coalición de Oposición para la Restauración de un Estado Democrático (CORED), encabezada por don Salomón Abeso Ndong, presidente de la Federación CORED y secretario de Acción Política; Filiberto Ntutumu Mabale Andeme, secretario general y responsable de los Servicios de Inteligencia; José Manuel Ibolo Kombe, secretario de Política Territorial y presidente de la Agrupación de Gabón; Luis Akogo Nchama, secretario de Coordinación Ejecutiva; Hugo Ndong Owono Edu, secretario de Gobierno Institucional y Programas; Abel Inocencio Luembe Tinoco, secretario de Comunicaciones y Tecnología de la Información; Antonio Camilo Esono Ayong, representante plenipotenciario en Canadá; Magno Ndong Mba, representante plenipotenciario en los Estados Unidos de América; Aquilino Nguema Ona Nchama, secretario de Filiaciones y Dotaciones; Pascual Ondo Ekiri, secretario de Economía, Energía y Modelo Productivo; Louis Batoumen, representante plenipotenciario en la Costa Azul francesa (Niza); Pablo Ndong Owono Bindang, del Servicio de Seguridad y miembro de la sociedad civil G.E. es Nuestra, y otros que en sus manifestaciones apuestan por cambiar el régimen político del actual Gobierno por todos los medios de violencia disponibles y bajo cualquier precio y alianza.
2.- CORED no se ha constituido para competir contra otros candidatos en elecciones libres y democráticas para acceder al poder, sino para atentar contra la vida del presidente electo democráticamente, S.E. Obiang Nguema Mbasogo, su familia y sus colaboradores institucionales, así como para propiciar el cambio de Gobierno de forma violenta. Prueba de ello son sus actos ilegales, anticonstitucionales y antidemocráticos, que datan de diciembre de 2017, cuando miembros de dicho grupo, encabezados por su líder, introdujeron mercenarios y terroristas por la frontera de Kie-Ossi, en la vecina República de Camerún, por lo que fueron condenados a penas de cárcel por los delitos de traición, delitos contra el jefe de Estado, tenencia y depósito de armas y financiación del terrorismo, mediante la Sentencia núm. 1/2018 de la Audiencia Provincial de Litoral.
3.- Tras fracasar en este intento, activaron un plan B, pidiendo apoyo a grupos armados paramilitares y terroristas internacionalmente reconocidos, estableciendo contactos con Al Qaeda, el Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND), IPOB, Boko Haram, JNIM, las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR o RSF) y Séléka, con la única finalidad de atentar contra la vida del presidente electo, cambiar la forma de Gobierno por medios violentos y sembrar el terror en el país con ataques a lugares sensibles como mercados, edificios gubernamentales, cuarteles y las embajadas de los Estados Unidos de América y de países de Europa.
Las investigaciones realizadas hasta la fecha revelan que han mantenido contactos con el general Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemeti, líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido, y con el general Codo Bani, el coronel Anatol Ngaya, Mahamat Ousmane y Ferdinand Nguendet, en Sudán del Sur, a quienes pidieron apoyo militar. En la República Centroafricana mantienen también contactos con Sany Yalo, Dazoumi Yalo, Kiki Yalo y Awa Yalo, todos ellos condenados por delitos contra el jefe de Estado y depósito de armas y municiones mediante la citada Sentencia núm. 1/2018.
A nivel de reuniones celebradas en la ciudad de Bertoua, República de Camerún, han tenido contacto con Ibrahim Bakura Doro, líder de Boko Haram en dicha zona, y con Mahamadou Ousman, vinculado a la industria de municiones Vita Kigali, donde ya tienen reclutados varios combatientes y armas y municiones compradas. Asimismo, han mantenido encuentros con los grupos ANL, la ONG Isola Africa, la base de IPOB (Nigeria-Biafra), el SPLN, Boko Haram, JNIM y el grupo Séléka, a través de Nouredine Adam; y, por último, se reunieron con Paul Tarela Boroh, exgeneral del ejército nigeriano perteneciente al Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger, a quien pidieron apoyo para la desestabilización de Guinea Ecuatorial a cualquier precio.
A la luz de la legalidad vigente, CORED y sus miembros están preparados y decididos a cometer actos que comprometen la paz, al reclutar o financiar el reclutamiento de personas u organizaciones para hacer la guerra u hostigar a Guinea Ecuatorial; actos que comprometen la defensa, al favorecer a fuerzas enemigas con información para hostigar al país; actos que comprometen el orden constitucional, al estar dispuestos a cambiar ilegalmente el Gobierno conformado conforme a la Ley Fundamental; y actos de terrorismo, dado que ellos mismos y los grupos paramilitares y terroristas con los que se han reunido solo persiguen subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública. Estos actos, tanto según el Código Penal vigente como según el Reglamento núm. 01/CEMAC/UMAC/CM sobre la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación en África Central, se definen como actividad criminal el conjunto de actos delictivos que constituyen la acción subyacente del objeto de dicho reglamento y como acto terrorista, entendido como la infracción de los tratados recogidos en su contenido y como cualquier acto destinado a matar o herir gravemente a un civil o a cualquier persona ajena a actos de hostilidad, con la finalidad de intimidar a la población u obligar a un Gobierno o a una organización internacional a actuar o abstenerse de actuar de determinada manera, conductas constitutivas de delito conforme al Código Penal vigente en la República de Guinea Ecuatorial.
Con arreglo a dicho reglamento, quien realiza tales actos es denominado terrorista; los actos que ejecuta esa persona, organización o grupo de personas se denominan actos criminales o actos terroristas; y la organización o grupo que los ejecuta se denomina organización criminal u organización terrorista. Ha quedado suficientemente acreditado que CORED no es un grupo político con fines democráticos, por lo que la Fiscalía General del Estado lo declara grupo terrorista u organización criminal, declarando igualmente terroristas o criminales a sus miembros, a saber: Salomón Abeso Ndong, presidente de la Federación CORED y secretario de Acción Política; Filiberto Ntutumu Mabale Andeme, secretario general y responsable de los Servicios de Inteligencia; Pablo Ndong Owono Bindang (soldado de infantería), jefe del Servicio de Seguridad y miembro de la sociedad civil G.E. es Nuestra; José Manuel Ibolo Kombe, secretario de Política Territorial y presidente de la Agrupación de Gabón; Luis Akogo Nchama, secretario de Coordinación Ejecutiva; Hugo Ndong Owono Edu, secretario de Gobierno Institucional y Programas; Abel Inocencio Luembe Tinoco, secretario de Comunicaciones y Tecnología de la Información; Antonio Camilo Esono Ayong, representante plenipotenciario en Canadá; Magno Ndong Mba, representante plenipotenciario en los Estados Unidos de América; Aquilino Nguema Ona Nchama, secretario de Filiaciones y Dotaciones; Pascual Ondo Ekiri, secretario de Economía, Energía y Modelo Productivo; Louis Batoumen, representante plenipotenciario en la Costa Azul francesa (Niza); y otras personas que igualmente sean identificadas como miembros de CORED.
Para hacer efectiva esta declaración, la Fiscalía General ofrece montos económicos a favor de las personas, instituciones o Gobiernos comprometidos con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, que repatríen o hagan repatriar a la República de Guinea Ecuatorial a los miembros del grupo terrorista u organización criminal CORED, en las siguientes cuantías: 1.500.000 euros por Salomón Abeso Ndong; 1.000.000 de euros por Filiberto Ntutumu Mabale Andeme; 800.000 euros por cada uno de los siguientes miembros: Pablo Ndong Owono Bindang, José Manuel Ibolo Kombe, Antonio Camilo Esono Ayong, Magno Ndong Mba y Louis Batoumen; y 700.000 euros por cada uno de los siguientes: Luis Akogo Nchama, Hugo Ndong Owono Edu, Abel Inocencio Luembe Tinoco, Aquilino Nguema Ona Nchama y Pascual Ondo Ekiri.
Estos extremos serán ampliados a medida que avancen las investigaciones y se obtengan nuevos datos. La Fiscalía General insta al Gobierno, a través de los departamentos concernientes, a emprender todas las acciones necesarias para la materialización efectiva de la presente resolución.
