Generalmente, los afectados suelen pertenecer a las familias con escasos recursos y posiblemente la intención de los tutores e inclusos los propios padres es que todos, incluidos los menores puedan cubrir las necesidades básicas del hogar realizando una actividad generadora de ingresos. Sin embargo, tanto las autoridades nacionales como la mayoría de las Organizaciones Internacionales abogan por la protección de la infancia y la adolescencia y rechazan que los menores sean explotados por los adultos; teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos, estos últimos son los beneficiarios directos del trabajo que realizan estos pequeños.
En Guinea Ecuatorial, a pesar de que el pasado día 21 de noviembre de 2023, el Gobierno aprobó un Decreto por el que se Adoptan Medidas para la Protección de Menores en la República de Guinea Ecuatorial, el cual en su artículo 2.2 dice textualmente: «Queda asimismo prohibido a los padres, tutores y demás familiares utilizar a menores de edad para la explotación de bares, abacerías, venta ambulante, lavado de vehículos, así como cualquier otro tipo de negocio y a cualquier hora», se observa que nueve meses después de su aprobación, los menores continúan por las calles realizando la venta ambulante de todo tipo de productos.
Ante esta situación, algunas opiniones ciudadanas creen que para dar coto a la misma conviene implementar programas estructurales de asistencia para las familias más vulnerables, considerando que los cuales podrían ser eficaces para combatir esta lacra, y también señalan la importancia de ampliar los medios o herramientas que faciliten a los menores procedentes de familias humildes poder adquirir suficientes conocimientos, para que en el futuro puedan acceder a las mejores oportunidades laborales.
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