Muchos califican de «abusivos» los pagos anticipados que exigen las Agencias inmobiliarias a los potenciales inquilinos en concepto de honorarios o comisiones. Los costos asociados a la contratación de una Agencia inmobiliaria se dividen en dos bloques principales; primero se cobra una comisión por la visita a la propiedad, que puede oscilar entre 5,000 y 10,000 XAF. Ahora, si el cliente decide ocupar la vivienda, se le endosa una segunda comisión que puede alcanzar hasta los 20,000 XAF. Esta estructura de pagos ha generado confusión y descontento, ya que muchos inquilinos no comprenden la razón por la cual deben pagar una cantidad tan elevada, especialmente tras haber abonado ya una comisión por la gestión y visita.
La población reconoce la importancia del trabajo que realizan las inmobiliarias, pero también considera que algunas de las comisiones son innecesarias y excesivas. «Es difícil entender cómo se puede pagar tanto, solo por decidir quedarte con una casa, y habiendo pagado por ver la propiedad», comenta un inquilino frustrado. Además, muchos señalan que las condiciones de las propiedades mostradas en las fotos a menudo no coinciden con la realidad, lo que agrava la desconfianza hacia las agencias.
Para aquellos con recursos limitados, enfrentar estos honorarios se convierte en una barrera significativa. Los requisitos de pago, que incluyen dos meses de alquiler por adelantado exigidos por los propietarios, hacen que el acceso a una vivienda sea un desafío casi insuperable. Esta situación plantea interrogantes sobre la equidad del mercado inmobiliario y la necesidad de una regulación más estricta.
El descontento generalizado con las comisiones que cobran las Agencias inmobiliarias refleja una necesidad urgente de revisar las prácticas actuales en el sector. La población espera que se implementen medidas que garanticen un acceso más justo y transparente a la vivienda, y que se busque un equilibrio entre las compensaciones de las agencias y la protección de los derechos de los inquilinos. La discusión sobre la regulación de estas comisiones se vuelve cada vez más relevante en un contexto donde la vivienda es un derecho fundamental.
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