Con el principio del anonimato que facilitan las plataformas sociales, ciertos individuos gozan de la libertad de mancillar la dignidad de las personas, utilizando sus imágenes para amenazar y violar sus intimidades. La falta de una regulación en este sector, sumado a la ineficiente política de seguridad implementado por algunas redes sociales como Tiktok e Instagram, irrumpe con fuerza en el desarrollo de una sociedad indefensa.
El caso que actualmente vive con cierta “expectación” toda la nación de Guinea Ecuatorial, donde se ha sacado a la luz videos que involucran a varios ciudadanos en plena actividad sexual, es solo la gota que ha colmado el vaso de un evento desproporcionado que viene arrastrando una serie de problemas o situaciones que, desde el primer momento, ya requerían acciones inmediatas.
Para no remontarnos a fechas anteriores que comprueban el fenómeno que abordamos, nos centraremos en este mismo año 2024, donde en los primeros meses del segundo trimestre de este año, apareció un canal en WhatsApp que se dedica a sacar a la luz imágenes y videos de tanto jóvenes como mayores de índole erótico. Esta misma cuenta, gestionada por ciertos individuos amparados por el anonimato, está cundiendo el pánico en los hogares con sus recientes hazañas.
Estas difamaciones y violación de intimidad que promueven están generaron un impacto en la vida social y familiar. Según apuntó la misma cuenta en su perfil de Instagram, una publicación que hicieron en su canal provocó que un padre propiciase una paliza mortal a su hija tras enterarse de que ésta, supuestamente realizaba actividades repudiables.
Aunque lo sucedido no se hizo eco en los medios informativos oficiales, este hecho supuso el primer ejemplo claro de que el uso inconsciente de las redes sociales en el país atenta contra la integridad y estructura de la primera institución social en Guinea Ecuatorial, que es la familia.
Un artículo de Córdoba Gasco, estudiante de 4º curso de ADE y Derecho en la Universidad de Deusto, publicado hace dos años en el portal Legal Today, refleja que los niños y adolescentes pasan alrededor de 67.000 minutos al año en redes sociales, lo que equivale a más de 46 días completos. Es decir, el 12% de su tiempo al año va destinado a estas aplicaciones. Si realizáramos la misma investigación en nuestro contexto social, los resultados serían aún más preocupantes, ya que no existe un control estricto en muchos hogares que limitan el acceso a internet a los hijos menores de edad. Lo que significa que el contenido del que se habla podría ser consumido de igual forma por nuestros adolescentes y niños.
Otro dato recogido en este texto muestra la poca seguridad que existe en las plataformas de interacción social, donde un estudio realizado por la aplicación Tiktok, se detectaron un total de 7.263.952 cuentas sospechosas pertenecientes a personas con edad inferior a la permitida. La propia aplicación sigue considerando un reto crear un entorno seguro que proteja a los menores de tener acceso a informaciones inapropiadas.
En este enrollo, el papel del Gobierno está siendo el de una institución que está haciendo un llamado a las empresas que actúan en el sector de telecomunicación, para que intervengan lo más pronto posible y ayuden en una situación que pone en peligro las estructuras familiares y la vida social de las generaciones futuras.
Recientemente, con el escándalo público de los videos eróticos, el vicepresidente de la Republica, Nguema Obiang Mangue, se reunió con ORTEL, GITGE, Transporte y Telecomunicaciones, Telefonías y Gendarmería para que adopten medidas urgentes que combatan la publicación y difusión a gran escala de información íntima, con la principal misión de salvaguardar y proteger las células familiares, evitando consecuencias que deriven en las futuras generaciones.
¿Qué medidas se podrían adoptar para limitar la difusión de este tipo de contenido y evitar consecuencias futuras?
A nivel de las empresas de telecomunicación que operan en el país, la filtración de contenido, implementando algoritmos que detecten y bloqueen contenido sexual explícito antes de que se publique, sería una medida efectiva que ayudaría a cortar la propagación de este tipo de contenido.
Por otra parte, las instituciones legales deben acelerar el análisis del borrador de Ley que regula el uso de internet y redes sociales, ya que la ausencia de una herramienta legal en el sector podría ser una motivación que incentiva la insensibilidad de quienes promueven estos actos.
Ante la atenta mirada de una población que está tomando el papel de espectador en una historia en la que estamos perdiendo todos, el principio fundamental del Estado ecuatoguineano que se recoge en la Ley Fundamental en su articulo 5, que habla del “respeto a la persona humana, su dignidad y a la protección de la familia como célula básica de la sociedad”, se está viendo vulnerado por la inmoralidad de unos pocos que presumen de que sus verdaderos rostros nunca serán revelados.
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