Pedro Ondo Nguema compareció ayer lunes, 24 de noviembre ante el Pleno de la Cámara de los Diputados, para aclarar cuestiones relativas a la gestión pública llevada a cabo por ENPIGE, vinculadas a las quejas presentadas por la población sobre cómo se manejan los 10.000 XAF que pagan cada mes.
Mediante el Decreto Presidencial número 12/2019, de 19 de febrero y aprobado el mismo año, se estableció una nueva modalidad de pago de las cuotas de entrada y mensualidades de las viviendas sociales, incluyendo los 10.000 XAF abonables cada mes en concepto de mantenimiento obligatorio de las casas y de los espacios comunes. Los diputados expresaron sus dudas precisamente en estos términos y reclamaron al Director General de ENPIGE respuestas que disipen el malestar social, mientras Ondo Nguema explicó que la entidad a su cargo no gestiona este dinero.
“Todos los fondos que corresponden a este concepto se ingresan en la cuenta de la Tesorería General del Estado”, aseguró, mencionando que el apartado de gastos que realiza la empresa proviene de la subvención anual que reciben del Estado. “Queremos dejar claro que cuando se utilizan dichos fondos de mantenimiento obligatorio, esta responsabilidad es ajena a nosotros”, aclaró.
Ante la falta de convencimiento respecto a las respuestas dadas por el Director General, el Pleno de la Cámara de los Diputados planteó la posibilidad de que los propietarios se organicen en comunidades y administren estos fondos, a fin de que sean ellos mismos quienes se encarguen del mantenimiento de sus viviendas. Sin embargo, Pedro Ondo Nguema informó que ya existen empresas que han iniciado trabajos de cuidado de estas infraestructuras, subrayando que las mismas no fueron contratadas por ENPIGE.
“Estas empresas ya habían cobrado un mes y queda por pagarles cuatro meses. Debido a los impagos de los propietarios, estas empresas dejaron de trabajar”, afirmó.
Ante el hecho de que los propietarios llevan años pagando una tasa por el servicio de mantenimiento, los diputados consideraron que este dinero debe destinarse a la amortización de cada vivienda. Y tras varias deliberaciones, los representantes del pueblo decidieron convocar al miembro del Gobierno con competencias en esta área para que venga a responder sobre la falta de mantenimiento de las viviendas, un problema que afecta la convivencia en varias comunidades urbanas.
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