Cada semana se repiten casos similares. Una joven residente en Malabo, Lidia, relata que entró en un grupo de venta de ropa donde se ofrecían prendas “en promoción”. Tras realizar el pago anticipado solicitado por la administradora del grupo, el contacto dejó de responder y su número fue bloqueado. En Bata, otra mujer, Irene, cuenta que intentó comprar cabello natural (“aguacate”) para un emprendimiento. El perfil parecía confiable, con fotografías de supuestos pedidos entregados, pero tras la transferencia nunca recibió el producto.
También se reportan casos relacionados con la compra de cortinas, sábanas y otros textiles. Una mujer emprendedora asegura que fue engañada al intentar adquirir cortinas para vender; explica asimismo que pagó por adelantado un pedido de sábanas, pero el supuesto proveedor alegó retrasos hasta que finalmente cortó toda comunicación. Incluso hay denuncias de grupos que operan con contactos desde el extranjero, lo que dificulta cualquier intento de localizar al responsable.
El único testimonio masculino que se ha podido recoger para la elaboración de este reportaje, es Julio, un joven emprendedor que buscaba electrodomésticos para abastecer su pequeño negocio. “Parecía una oportunidad real para invertir y revender, pero perdí una suma importante. Fue un golpe duro”, lamenta.
Un agente de la Policía Nacional que hemos consultado sobre este tema, advierte que este tipo de fraudes se está volviendo más sofisticado. “Muchos delincuentes utilizan perfiles falsos, números temporales o intermediarios. En algunos casos operan desde fuera del país y en otros desde el interior, aprovechando la rapidez con la que se mueve la información en redes sociales”, explica.
Desde el ámbito jurídico, Laura, estudiante finalista de Derecho en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial (UNGE), actualmente en prácticas en un prestigioso bufete, recuerda que estas conductas pueden constituir delitos de estafa. “Cuando existe engaño con intención de obtener un beneficio económico, estamos ante un hecho punible. Aunque la transacción haya sido informal, la víctima puede y debe denunciar”, señala. Añade que uno de los mayores errores es no conservar pruebas, ya que en delitos digitales la evidencia principal suele estar en el teléfono móvil.
En medio de esta problemática, tampoco faltan las reacciones en foros y grupos de WhatsApp, especialmente entre jóvenes, donde se repite con frecuencia comentarios como: “No puedo creer que en pleno 2026 la gente siga dejándose estafar”. Sin embargo, especialistas recuerdan que estas afirmaciones simplifican una realidad más compleja. Muchas víctimas no caen por falta de inteligencia, sino por urgencia económica, presión social, confianza en recomendaciones dentro del grupo o ausencia de canales formales de compra accesibles.
Un joven abogado colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Guinea Ecuatorial insiste en que la confianza no sustituye la verificación. “El comercio digital es útil, pero si no hay contrato, factura o mecanismos de reclamación, el riesgo aumenta considerablemente”, advierte.
Los expertos recomiendan desconfiar de precios demasiado bajos, de mensajes que presionan con frases como “última oportunidad”, de vendedores que se niegan a realizar entregas en persona o que solicitan transferencias a cuentas de terceros. Si una persona sospecha haber sido víctima, debe actuar con rapidez: guardar capturas de pantalla, conservar chats, contactar con la entidad bancaria o la vía utilizada para el pago, para intentar rastrear la operación y presentar denuncia formal ante las autoridades competentes.
El comercio a través de redes sociales es una realidad creciente en Guinea Ecuatorial, pero su desarrollo debe ir acompañado de mayor educación digital, consumo responsable y cultura de denuncia. Autoridades y profesionales coinciden en un mensaje central: la mejor defensa es la prevención. Verificar antes de pagar, desconfiar de ofertas demasiado perfectas y optar por transacciones seguras puede evitar pérdidas económicas y frustraciones.
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