En la sala, más que relatos de delitos, se escucharon historias de tiempo. Tiempo detenido, tiempo acumulado, tiempo que pesa. Porque en cada uno de los casos analizados, la medida cautelar terminó convirtiéndose, en la práctica, en una condena más larga que la prevista por la ley.
Uno de los expedientes más llamativos fue el de José Martín Akuru Endaman. Acusado de presunta complicidad en el robo de una peluca, reconoció haber gestionado su venta por 15.000 XAF, pero negó haber participado en el robo. Esa afirmación fue demostrada durante el juicio, lo que llevó a la fiscalía a solicitar su libre absolución. Sin embargo, más allá del desenlace jurídico, el dato que marcó el ambiente fue otro: cuatro años en prisión preventiva por un caso que ni siquiera se sostiene ya en la acusación.
En otro de los sumarios, Ángel Micha Nvono Asangono compareció por un presunto hurto. Según el relato de los hechos, recogió del suelo un monedero con 25.000 XAF en una discoteca, sin conocer a su propietario, con la intención de esperar a que alguien lo reclamara. Poco después, apareció un agente de la gendarmería nacional, Moisés Antonio Nguema, quien, acompañado de un amigo, solicitó la devolución del objeto. El acusado lo entregó sin resistencia. Aun así, fue conducido a dependencias de la gendarmería y posteriormente remitido a los juzgados, donde ha permanecido cuatro años en prisión preventiva. La fiscalía, que inicialmente calificó los hechos como hurto, terminó solicitando su libre absolución, tras reconocer que la pena aplicable sería de apenas cinco meses de arresto menor en su grado mínimo.
El tercer caso, el de Diosdado Obiang Bayeme, también reflejó una tensión entre necesidad y legalidad. Antiguo conductor personal de una tienda, reconoció haber tomado tres prendas de vestir para venderlas después de acumular cinco meses sin percibir su salario. El Ministerio Fiscal solicitó para él seis meses de arresto menor en grado mínimo. Sin embargo, el acusado ya ha pasado dos años y nueve meses en prisión preventiva.
Más allá de las particularidades de cada historia, la jornada dejó una imagen común: personas que han vivido años privadas de libertad por faltas cuya sanción, en muchos casos, no alcanzaría ni una fracción de ese tiempo.
Los casos han quedado vistos para sentencia. Pero lo que ya ha quedado expuesto es una realidad que trasciende lo jurídico y se adentra en lo social: cuando el proceso se alarga, la espera también se convierte en castigo.
