La intervención se produce en cumplimiento de la resolución emitida por el Ayuntamiento de Bata, que previamente ordenó el cierre y precinto de todos los comercios ubicados en las inmediaciones del inmueble como medida preventiva para proteger a la población.
El origen de esta actuación se remonta al 23 de enero de 2025, fecha en la que el edificio sufrió un derrumbe parcial que encendió las alarmas sobre su estabilidad. Tras este incidente, una Comisión Mixta declaró la infraestructura en estado de ruina, advirtiendo del alto riesgo que representaba tanto para las edificaciones cercanas como para los transeúntes.
A raíz de este dictamen técnico, las autoridades locales adoptaron medidas urgentes, entre ellas el cierre inmediato de los negocios colindantes y la orden dirigida a la propietaria del inmueble para proceder a su desalojo y posterior demolición en un plazo máximo de 30 días, asumiendo los costes derivados de la operación.
Sin embargo, ante la persistencia del peligro y el progresivo deterioro de la estructura, la administración ha ejecutado finalmente la demolición del edificio para evitar posibles incidentes, especialmente en un entorno frecuentado por ciudadanos y funcionarios de la Tesorería General del Estado.
Tras la intervención, responsables locales han destacado que esta actuación responde a la prioridad de salvaguardar la seguridad colectiva, subrayando que el inmueble suponía una amenaza directa para la integridad de las personas que transitaban o trabajaban en la zona.
El Ayuntamiento ha reiterado su compromiso de reforzar la vigilancia y el control sobre infraestructuras en mal estado, con el objetivo de prevenir riesgos y garantizar entornos urbanos seguros en toda la ciudad.
Las autoridades han reiterado que estas medidas responden exclusivamente a la necesidad de salvaguardar la integridad física de la población y mantener el orden y la seguridad en una zona de alta afluencia de personas.
