Según explican los vendedores, este incremento de los precios está directamente relacionado con las restricciones impuestas a los serradores, quienes actualmente enfrentan mayores controles para la tala y el transporte de madera. De hecho, varios de sus vehículos han sido retenidos en dependencias de la Gendarmería, lo que ha limitado aún más la distribución del producto en el mercado local.
Como consecuencia, se ha generado un desequilibrio entre la oferta y la demanda, lo que ha producido una presión alcista sobre los precios rompiendo el equilibrio de mercado.
En cifras concretas, maderas como las correas, que anteriormente se vendían entre 1.000 y 1.500 francos CFA, ahora oscilan entre 2.000 y 2.500 francos CFA, lo que representa un incremento aproximado de entre el 66% y el 100%. Por su parte, las cerchas han pasado de costar 2.000 a 4.000 francos CFA, reflejando un aumento del 100%.
En el caso de la madera procedente de la región continental, los precios son todavía más elevados como consecuencia de los costes de transporte y las dificultades logísticas. Actualmente, las correas se comercializan a partir de 2.500 francos CFA y las cerchas llegan hasta los 5.000 francos CFA.
Una situación que está afectando directamente a la economía de los ciudadanos, en un contexto en el que se registra un aumento de las reparaciones de viviendas. Las recientes lluvias intensas y los fuertes vientos han provocado daños en numerosos techos, obligando a muchas familias a realizar reformas urgentes para evitar filtraciones de agua.
Cabe recordar que esta escalada de precios se produce antes y después de la reunión mantenida el pasado jueves 18 de marzo de 2026 entre el vicepresidente de la República, Nguema Obiang Mangue, y más de 40 serradores, quienes denunciaron pagos excesivos y múltiples dificultades para ejercer su actividad.
Como respuesta, Nguema Obiang Mangue ordenó la creación de una comisión interministerial integrada por los departamentos de Bosques, Seguridad, Defensa, Comercio e Interior, con el objetivo de eliminar cobros irregulares, simplificar los procedimientos administrativos y reforzar la transparencia en el sector. Asimismo, se estableció un plazo de siete días para presentar una propuesta que implemente un sistema de pago único mediante ventanilla.
Sin embargo, pese a estas medidas, los actores del sector continúan manifestando dificultades para operar con normalidad. lo que podría indicar que una parte significativa de los operadores no cumple aún con los requisitos legales establecidos o que persisten prácticas administrativas y logísticas que dificultan la regularización efectiva del sector.
