El litigio se originó en 2009, cuando un grupo de trabajadores presentó reclamaciones ante la entonces delegación regional de trabajo por diferencias salariales, categorías profesionales y otros derechos correspondientes al período 2005-2010, incluyendo el pago de horas extraordinarias nocturnas y una compensación por las labores realizadas en plataformas petrolíferas en alta mar.
Agotada la vía administrativa, el caso pasó a la Magistratura de Trabajo de Malabo, que el 8 de julio de 2013 dictó la sentencia 101/2013, favorable a los trabajadores. La empresa recurrió el fallo ante la Corte Suprema de Justicia, que lo confirmó, y posteriormente solicitó una aclaración al Alto Tribunal, el cual, mediante un nuevo auto en 2020, ratificó la validez de sus resoluciones anteriores.
Según relatan los afectados, el 20 de octubre de 2020 el banco Société Générale de Banques notificó al juzgado la transferencia de 144.334.000 francos CFA a la cuenta de la Magistratura de Trabajo en concepto de pago de la sentencia. Los trabajadores aseguran que fueron citados para retirar el cheque correspondiente, pero que el magistrado les comunicó que no podía entregárselo debido a un recurso de amparo presentado por la empresa ante el Tribunal Constitucional, órgano que hasta la fecha no se ha pronunciado sobre el asunto. Uno de los testimonios recogidos añade que el proceso también permanecería frenado en la Audiencia.
Los demandantes afirman desconocer el destino final de los fondos, ya que, según indican, la Magistratura de Trabajo les comunicó posteriormente que el dinero fue devuelto a la empresa, sin que exista documentación que respalde esa decisión ni un pronunciamiento judicial que la sustente.
De los 19 empleados que en su día fueron parte demandante en el proceso, los afectados señalan que actualmente son 13 quienes continúan reclamando el pago, tras el fallecimiento de seis de ellos en los últimos años, entre ellos un excompañero fallecido el pasado 20 de julio.
Asonga Televisión intentó recabar la versión de FTF Catering a través de su representación legal, que declinó realizar declaraciones sobre el caso.
Los extrabajadores insisten en que su reclamación corresponde a derechos laborales generados durante 17 años de servicio y piden la intervención de las autoridades judiciales para que se resuelva de manera definitiva el cobro de la indemnización reconocida por sentencia firme.
