Una lista de empleados cuya situación desafía los planes del Gobierno de sanear la administración con la lucha anticorrupción en el país, ha marcado un cambio en los procesos de designación dentro de la administración pública.
El Ejecutivo quiere cerrar la puerta a situaciones que considera incompatibles con los principios de responsabilidad y confianza que deben acompañar a quienes asumen funciones públicas y que van en contra de su política de saneamiento y lucha contra la corrupción.
La decisión llega después de constatar que algunos servidores públicos que habían sido condenados, encarcelados por fraude e involucrados en casos de corrupción, volvieron a ser propuestos por determinados ministros y nombrados en otros puestos públicos de departamentos diferentes.
Visto que esta práctica choca contra los planes del Ejecutivo ecuatoguineano y que supone una recompensa para aquellos con expedientes manchados, el Gobierno ha anunciado un filtro más cerrado para el análisis y selección de dosieres de personas que ostentarán cargos públicos en Guinea Ecuatorial.
El objetivo es comprobar no solo la trayectoria profesional de los candidatos, sino también sus antecedentes y su idoneidad para asumir responsabilidades dentro de la administración.
La medida coloca nuevamente el foco sobre la responsabilidad de quienes proponen y de quienes finalmente validan los nombramientos, porque en esta nueva etapa, llegar a un cargo público no dependerá únicamente de una propuesta sobre el papel; el expediente tendrá que resistir también el nuevo filtro de la revisión.
El Gobierno busca reforzar los mecanismos de control y evitar que personas que ya hayan sido condenadas por delitos culposos u otras faltas administrativas graves vuelvan a ocupar puestos de responsabilidad.
