La desaparición, mal trato y muerte de menores de edad en extrañas circunstancias va tomando cada vez más fuerza en el país y son cada vez más los casos que se registran.
Con la muerte del pequeño Jose María, de cinco años, hallado en un pozo con signos de violencia, sin lengua y sin partes genitales; la desaparición y muerte de una menor de ocho años en Micomiseng a la que su abuela vendía por 5 millones para que dieran a esta una mejor vida; y el caso del vídeo viral en redes sociales de un niño de cuatro años encontrado en los platanares de un patio atado de brazos y pies, en condiciones inhumanas, y maltratado por su tía y sus primas; aumenta la preocupación de las familias que, en muchas ocasiones, no sienten el respaldo de las autoridades y denuncian que se está haciendo poco o nada para encontrar una solución a esta tónica que podría llegar a normalizarse en el país.
Este miércoles 27 de septiembre, en los informativos TVGE edición noche, el fiscal general de la República, Anatolio Nzang Nguema, ha comparecido en la televisión pública a través de una conexión telefónica para dar detalles sobre cuál es la respuesta de las autoridades ante estos casos, los procedimientos que se llevan a cabo para seguir un caso de desaparición de menor o algún ciudadano mayor de edad, entre otras cuestiones.
Nzang Nguema ha insistido en que la ley de enjuiciamiento criminal obliga a todo ciudadano que tiene información valiosa o presencia la comisión de un delito a ponerlo al conocimiento público, pero que estas denuncias no se pueden hacer por cualquier vía. «La gente debe empezar a adquirir el hábito de presentar denuncias».
Según ha indicado, la aplicación de mensajería WhatsApp está siendo la vía de moda que utilizan los ciudadanos para compartir mensajes como: «Se busca a este niño desde ayer», mensajes que no aportan detalles que certifiquen que se trata de un caso reciente ni aportan más detalles de la desaparición de los ciudadanos. «Esto no ayuda en nada porque los lugares de denuncia están establecidos por norma», ha informado.
Para que las autoridades hagan seguimiento de los casos, la gente debe dirigirse a un juzgado, al puesto de policía más cercano, a la gendarmería, para hacer formal esta denuncia ya que ellos cuentan con unos protocolos de actuación en los que se recogen datos como el denunciante, la razón de su denuncia, las pesquicias y otras informaciones relevantes. «Dar información de hechos tan graves en WhatsApp no ayuda. Hay que ir a la policía, a la gendarmería, a la Fiscalía, porque tenemos establecidos protocolos de denuncia; así es como fácilmente se abre la investigación. La policía no puede investigar si alguien no denuncia, no es posible».
El fiscal general de la República ha indicado que anima a los ciudadanos a que cojan valor para denunciar, que acudan a la gendarmería, a la Fiscalía, ya que si se denucnia por otras vías se puede distorsionar la información.
Por su parte, Santiago Edu Asama, secretario general del Ministerio de Seguridad, quien, tambien ha comparecido en esta entrevista pero de manera presencial, ha indicado que no se va a dramatizar con las cifras ya que los casos que se tienen registrados no son como los que ocurren a nivel de la subregión. Ha señalado que su ministerio está al tanto de un caso desde el momento en que un ciudadano realiza una denuncia formal, por lo que a partir de esta denuncia el ministerio con su equipo empieza la investigación de los hechos.
En el caso de la desaparición de menores, ha afirmado que, personalmente, ha llegado a la conclusión de que hay una excesiva negligencia, que la gente debe cuidar a los hijos al igual que sus bienes patrimoniales. «La mayor parte de los casos son personas cercanas a los niños, pensamos que son familiares y no lo son».
También ha señalado que cuando se hace una denuncia es necesario aportar evidencias que avalen lo que se dice. Este dato lo ha relacionado con el supuesto caso del niño hallado en el frigorífico del presidente del consejo distrital de Micomiseng. «El Ministerio de Seguridad está para defender la estabilidad nacional, la vida de las personas y sus bienes y garantizar la seguridad de las instituciones», para ello los ciudadanos deben ayudar a las instituciones del Estado para que puedan actuar.
