Este lunes, Verónica Obono Adá, madre de la niña de 7 años que fue obligada a matrimonio forzado, ha vuelto a compadecer ante los medios nacionales en la Gendarmería de Bata, para dar explicaciones sobre las razones por las que ha incurrido en uno de los delitos más sancionables y graves que se puede registrar a día de hoy en las sociedades modernas: «trata de personas».
Obono Adá sigue reconociendo hasta la fecha que cobró una suma de 800.000 francos CFA de parte de Maria Teresa Ntongono, tía del niño de 13 años y marido de la niña. Insiste en que aceptó el matrimonio de su hija de 7 años, por la necesidad que tenía para saldar la deuda tras una enfermedad que padeció durante mucho tiempo. Asegura que si hubiera sabido que se trataba de un delito, no lo habría hecho.
Maria Teresa Ntongono, en cambio, ha dicho que fue la madre de la niña quien acudió a ella para explicarla la difícil situación por la que estaba pasando y que si la ofrecía dinero, la menor de edad se quedaría como su nuera. Admite que se vio tentada por la oferta, por lo que consultó y reunió a sus familiares y todos aceptaron ya que justificaron que los matrimonios anteriormente así se arreglaban. «Pido perdón al Gobierno y a la población; lo hice por ignorancia», ha expresado públicamente.
El acto de casamiento se hizo públicamente y en presencia de familiares y vecinos como testigos. Tomás Pancho, Teresa Oyana y otros testigos más, convocados en la gendarmería, han asegurado que asistieron al acto por el matrimonio no por el fin de vender a la menor. Mateo Esono ha declarado que no tenía constancia de que existía una ley que prohibía los matrimonios entre menores de edad; argumenta que sus antepasados se casaban de esta forma por lo que ha dejado entender que, aunque el mundo cambia, seguirá firme en lo que hacían sus antepasados.
Para avanzar en este caso, que ya fue tratado en el Senado, solo faltaban las declaraciones de estos testigos. Según algunas instancias del Gobierno y otras instituciones, el caso se considera como trata de menores, delito contra la libertad y seguridad, abuso de una situación de superioridad sobre la víctima en su estado de necesidad y vulnerabilidad y, de acuerdo al nuevo código penal vigente sobre la trata de personas en Guinea Ecuatorial en su artículo 476 inciso A y a instancia del Senado, los supuestos cónyuges están separados.
La menor de 7 años ahora está para la protección del Ejecutivo de Guinea Ecuatorial, pero del pequeño de 13 años hasta ahora ningún estamento ha hablado sobre su situación.
