La Redacción de este medio se ha puesto en contacto con uno de los afectados, para obtener más información sobre este caso. Según explican las fuentes, las viviendas en cuestión fueron construidas por el Gobierno en beneficio de la población local tras el inicio de las obras de asfalto de la carretera que pasa por el Consejo de Poblado de Oyala.
Los mismos informantes también han señalado que dichas viviendas fueron abandonadas, porque los pobladores decidieron no ocuparlas. Después de cierto tiempo, un Senador en colaboración con el Diputado de la zona decidieron adecentar el entorno donde se hallan estas viviendas, para luego disponerlas nuevamente a la población residente. “El Senador autorizó que la población pudiera ocupar las casas, pero con la condición de que el ocupante debía disponer de un empleo para poder mantener la casa”, dice uno de los afectados.
Una vez que la gente empezó de vivir en ellas, aparecieron el Teniente Alcalde y el Secretario del Ayuntamiento acompañados de dos militares, tocando puerta por puerta y exigiendo a los vecinos que presentaran los contratos de arrendamiento, o en su caso, que pagaran la suma de 30.000 Francos CFA para que les extendieran los contratos. “Nosotros no nos oponemos a pagar los dineros que piden, pero hemos decidido que este dinero tiene que ir al Tesoro Público. El Ayuntamiento debe darnos un número de cuenta de la Tesorería a fin de que cada ocupante pueda ingresar esos 30.000 Francos en dicha cuenta”, dice la fuente.
Al parecer, el problema surge cuando las autoridades locales les presentaron un número de cuenta personal al que tendrían que estar ingresando el dinero del alquiler. “La población se negó, porque no podía ingresar el dinero en la cuenta de un particular”, revela el informador, quien también asegura que lo que más les preocupa son las horas que siempre pasan los señores a reclamar el pago del alquiler. “Solo vienen de noche. De día no se les ve”. Afirma.
No obstante, los vecinos dicen estar dispuestos a pagar el alquiler, pero piden que el monto sea diferente al que se les exige alegando que algunas casas tienen “tres habitaciones y otras dos”. Los afectados también aseguran que el Senador y el Diputado de la zona les autorizaron habitarlas gratuitamente, hasta que se les habilitara un número de cuenta en la Tesorería General del Estado, donde estarían realizando el pago del alquiler. Además, añaden que lo que más les asusta son los militares armados que acompañan al Teniente Alcalde y el Secretario del Ayuntamiento, por eso solicitan la mediación del Vicepresidente de la República. “Pedimos la mediación de S.E. el Vicepresidente para no vivir con miedo a las armas”, exponen en el texto que han pedido que se difunda hasta que llegara a su destinatario.
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