Durante esta sesión, el país presentó su IV Informe Nacional, donde abordó las recomendaciones del EPU de 2019 y destacó los avances en la situación de los derechos humanos en el país. La delegación ecuatoguineana, encabezada por el Viceprimer Ministro, Alfonso Nsue Mokuy, expuso las acciones implementadas entre 2019 y 2024, subrayando el compromiso del Gobierno con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Nsue Mokuy enfatizó que las recomendaciones anteriores sirvieron como base para el desarrollo de programas específicos en esta materia. Uno de los puntos destacados fue la abolición de la pena de muerte, lograda a través de una modificación del Código Penal, en consonancia con el artículo 13.1.a de la Ley Fundamental. Además, se mencionó la creación del Consejo Superior del Poder Judicial, como parte de los esfuerzos para fortalecer la independencia judicial.
En cuanto a las condiciones penitenciarias, se adoptaron las reglas Nelson Mandela, reflejando un compromiso con el tratamiento humano de los reclusos. El Gobierno también ha destinado un presupuesto significativo para mejorar las instituciones penitenciarias y asegurar derechos básicos como salud y educación para los internos.
La Delegación de Guinea Ecuatorial resaltó los logros en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente en educación. Según la Ley General de Educación, el Gobierno garantiza una enseñanza gratuita y obligatoria, lo que ha contribuido a un aumento en la tasa de alfabetización, que ahora se sitúa en un 95%. Finalmente, se abordó la lucha contra la corrupción, destacando la Ley Nº 1/2021, que ha permitido iniciar procesos penales contra altos funcionarios del Gobierno, reflejando un esfuerzo por promover la transparencia y la rendición de cuentas.
En resumen, Guinea Ecuatorial ha utilizado esta plataforma internacional para mostrar su progreso en derechos humanos, aunque persisten desafíos significativos que deben ser atendidos en el futuro.
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