La sesión, desarrollada bajo la coordinación del Primer Ministro, Encargado de la Coordinación Administrativa, Manuel Osa Nsue Nsua, ha tenido como principal punto de análisis la presentación y validación del inventario de las cuentas bancarias que actualmente operan en el ámbito de la Administración Pública.
Según el informe presentado por la Secretaría Técnica, el Estado dispone actualmente de un total de 1.118 cuentas bancarias, de las cuales 700 permanecen operativas, mientras que cerca de 400 se encuentran en proceso de cancelación. Este diagnóstico constituye una herramienta fundamental para identificar, ordenar y racionalizar las cuentas existentes, en el marco de la puesta en marcha de la Cuenta Única del Tesoro.
Durante el encuentro, que comenzó con la lectura y aprobación del orden del día, así como del acta correspondiente a la primera reunión celebrada el 6 de agosto de 2026, también se abordó el protocolo que regulará la apertura de cuentas bancarias a nombre de las instituciones públicas.
En este contexto, el Primer Ministro ha insistido en la necesidad de determinar con precisión la finalidad y justificación de cada una de las cuentas existentes, subrayando que la apertura de nuevas cuentas institucionales deberá responder a un procedimiento riguroso, debidamente justificado y sujeto a autorización previa.
La Cuenta Única del Tesoro constituye uno de los instrumentos fundamentales para fortalecer la disciplina fiscal y mejorar la administración de las finanzas públicas. Su implementación permitirá centralizar la gestión de la tesorería estatal, reducir la dispersión de cuentas bancarias, optimizar los costes operativos y mejorar el seguimiento de la liquidez y los movimientos financieros de las instituciones públicas.
Con la validación de este inventario, el comité avanza en una de las etapas esenciales de esta reforma sentando las bases para una gestión más ordenada, transparente y eficiente de los recursos públicos.
Esta iniciativa se enmarca en los esfuerzos del Gobierno, por modernizar los mecanismos de control financiero del Estado y garantizar que los recursos públicos sean administrados con mayor responsabilidad, disciplina y orientación hacia las prioridades del desarrollo nacional.
