El incidente involucra a varios estudiantes y profesores voluntarios. El caso salió a la luz durante el inicio del proceso de matrículas en el centro. Actualmente, se investiga un total de 25 boletines alterados correspondientes a los niveles de Secundaria y Bachillerato.
Tras la remisión del caso a instancias judiciales, ayer viernes, el juez de Instrucción número 1 de Malabo ha citado a las partes implicadas, incluido el Director, el jefe de estudios y el exdirector del centro integrado San Juan, para esclarecer los hechos en una diligencia preliminar. La audiencia celebrada este viernes ante el juez, tenia como finalidad recabar las primeras declaraciones de los implicados, esclarecer los puntos oscuros de la presunta trama y permitir al magistrado familiarizarse con el caso antes de decidir los siguientes pasos procesales.
Según el atestado, todo comenzó cuando un guardia de seguridad del centro detectó irregularidades durante un control rutinario. Un alumno intentó matricularse con un boletín sospechoso, y tras ser remitido a la jefatura de estudios, se comprobó que se trataba de un documento manipulado: de ocho suspensos que figuraban en las notas oficiales, en el boletín fraudulento solo aparecían tres.
El guardia informó al Director del centro, quien sugirió esperar para reunir más pruebas y cumplir con el protocolo. Sin embargo, tres días después aparecieron nuevos casos, lo que llevó al personal de seguridad a denunciar los hechos ante la Gendarmería. Las investigaciones apuntan a dos profesores voluntarios como principales sospechosos, en complicidad con algunos estudiantes que incluso rellenaban sus propios boletines a su favor.
Uno de los docentes ha declarado ante el juez, que la directiva autorizó la reducción de suspensos a ciertos alumnos como incentivo por su participación en actividades deportivas, culturales y extraescolares. Según su versión, el trabajo de rellenar los boletines se delegó a los tutores con el visto bueno de la dirección, debido a la carga de trabajo. El jefe de estudios, por su parte, ha admitido cierta negligencia por la presión del momento, aunque ha asegurado que solía verificar las calificaciones durante las matrículas y anular los boletines que no coincidieran con las notas reales. También señaló que nunca estuvo de acuerdo con la política de compensación de notas, la cual atribuyó al entonces director.
El exdirector, sin embargo, desmiente esa versión y sostiene que la reducción de suspensos fue una medida motivacional para premiar a los alumnos que apoyaban las actividades del centro. El abogado del exdirector ha planteado la preocupación de su defendido sobre el límite de actuación del guarda de seguridad, suscitando dudas sobre esta acusación.
El juez de instrucción número 1, tras escuchar a todas las partes y con el fin de esclarecer todavía más el caso, ha ordenado al actual responsable del centro entregar en un plazo de 24 horas una copia del informe que elevó al Ministerio de Educación sobre este caso. El magistrado también ha solicitado a la empresa de seguridad presentar copia de su contrato con el centro, con el fin de delimitar competencias y aclarar hasta dónde podía llegar un guardia en la verificación de documentos académicos.
En paralelo, se convocará al resto de estudiantes que habrían presentado boletines falsificados para tomarles declaración. El caso, que comenzó con la sospecha de un guardia de seguridad y terminó destapando un entramado de boletines alterados, mantiene ahora en vilo a toda la comunidad educativa del Centro San Juan de Malabo.
Entre acusaciones cruzadas, versiones contradictorias y decisiones directivas que rozan la ilegalidad, el proceso judicial deberá determinar si se trató de simples irregularidades administrativas o de una trama de corrupción académica con raíces más profundas.
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