Ante el magistrado han comparecido 6 de los 8 que recoge la querella. Moisés Angüe Nso Nchama, delegado nacional del INSESO; Carlos Endje Ngonde Oma, delegado nacional adjunto; Julio César Micha Nfono, administrador de la institución; Pedro Engonga Sanga, director general del Grupo PESAEN S.L.; Taidong Sun, director general de YEDA Construcción; y Roberto Patricio Nsue Obama, director general de INVERFIN Holding. La querella presentada por el Ministerio Fiscal habla de presuntos delitos de prevaricación, cohecho, soborno de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y abuso de funciones, supuestamente cometidos en el marco de la gestión del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSESO) durante más de un año.
Según el escrito de la Fiscalía, durante los dieciséis meses de gestión de la actual directiva se habrían realizado pagos a empresas de mantenimiento y adquisiciones puntuales por un importe superior a 13.600 millones de francos CFA. La investigación sostiene que parte de esos recursos habrían sido destinados a contratos adjudicados sin licitación previa ni autorización de los órganos competentes, incumpliendo presuntamente procedimientos legales y directrices superiores.
La querella recoge además supuestos pagos y favores económicos entregados por determinadas empresas contratistas a responsables de la institución a cambio de adjudicaciones. Entre las irregularidades investigadas también figuran presuntos pagos por servicios no prestados, contratos considerados innecesarios y posibles conflictos de intereses derivados de contrataciones a empresas vinculadas a directivos o personas allegadas.
Los principales imputados ha comparecido acompañados de sus respectivos abogados para prestar sus primeras declaraciones y exponer las alegaciones iniciales de sus defensas. Más que entrar en el fondo del asunto, esta audiencia judicial previa, ha estado orientada a poner formalmente a los investigados a disposición judicial, permitir al juez conocer de primera mano sus versiones sobre los hechos que se les atribuyen y escuchar las primeras alegaciones de sus respectivas defensas. Asimismo, ha permitido al juez obtener una visión general de la causa antes de pronunciarse sobre posibles medidas cautelares y las diligencias que deberán practicarse durante la fase de instrucción.
Tras escuchar las primeras declaraciones de los imputados y las alegaciones iniciales de sus abogados defensores, el juez ha incoado el sumerio y ha acordado el retorno de los investigados bajo custodia de la Gendarmería Nacional mientras continúa examinando el expediente para luego determinar si exciten o no indicios de delitos y la adopción de posibles medidas cautelares conforme al derecho.
La causa se encuentra todavía en una fase inicial de instrucción, por lo que, según la ley, las responsabilidades penales de los investigados, si las hubiere, deberán ser determinadas por la autoridad judicial una vez concluidas las diligencias correspondientes.
