De acuerdo con la publicación, el caso se habría producido a raíz del despido de Hermenegildo Esono Anguezomo, quien ocupaba el cargo de Manager de Relaciones con el Gobierno de Marathon. La Magistratura de Trabajo n.º 2 de Malabo declaró improcedente el despido y condenó a la empresa a pagar 1.520.154.184 francos CFA en concepto de indemnización por despido improcedente, derechos laborales adquiridos, antigüedad y diferencia salarial. A esta cantidad se añadieron otros 45.604.625 francos CFA correspondientes a las costas procesales.
Marathon recurrió el fallo ante la Corte Suprema de Justicia, alegando la existencia de un error de ley. Para que la Corte admitiera el recurso, la compañía debía consignar previamente el importe total de la condena más un 20 % adicional, lo que elevó el depósito a 1.878.910.572 francos CFA.
El núcleo de la denuncia, sin embargo, apunta a la manera en que se habría calculado la diferencia salarial. El contrato de Esono Anguezomo fijaba una remuneración mensual de 3.267.111 francos CFA, pero la Magistratura tomó como referencia un salario de 17.335.285 francos CFA correspondiente a otro puesto dentro de la compañía, lo que arrojó una diferencia de 14.068.174 francos CFA.
Marathon había argumentado que ambos trabajadores pertenecían a áreas distintas y que, por ello, sus condiciones salariales no eran comparables. Ese argumento, no obstante, no fue acogido en la resolución final. El escrito también señala discrepancias en los códigos salariales aplicados y menciona a Monique Hutvhinson, Manager Comercial, cuyo sueldo habría servido de referencia en parte de la liquidación.
Para el vicepresidente, este mecanismo no sería un hecho aislado, sino una práctica sostenida en el tiempo para inflar las cantidades que las empresas deben consignar en sus procedimientos judiciales. De confirmarse, el esquema permitiría a los órganos jurisdiccionales beneficiarse económicamente tanto si la empresa pierde el recurso como si finalmente lo gana.
La publicación enmarca este episodio dentro de un problema más amplio de corrupción judicial y advierte sobre el riesgo que representaría para las empresas que operan en Guinea Ecuatorial en este caso, Marathon, ligada al sector petrolero y a los ingresos que este genera para el Estado.
El texto reclama, por último, que se esclarezcan las circunstancias de la sentencia, se identifique a los funcionarios judiciales presuntamente implicados y, si las investigaciones lo confirman, se exijan responsabilidades conforme a la ley.
