El uso abusivo de información privilegiada está considerado por los reguladores como uno de los virus más peligrosos que infectan los mercados. Cada año, la autoridad de conducta financiera de Reino Unido (FCA, por sus siglas en inglés) abre decenas de expedientes por sospechas de que hay inversores beneficiándose de noticias o datos no conocidos por el resto de participantes. Sin embargo, los casos que concluyen en una sanción o sentencia condenatoria son contados, ante la dificultad de demostrar el denominado insider trading.
En 2018, por ejemplo, la FCA recibió 4.829 notificaciones sobre operaciones en las que existía riesgo de utilización de información privilegiada. Además, el supervisor detectó operaciones sospechosas en los días previos al anuncio de un 22% de las ofertas públicas de adquisición (opas) sobre empresas cotizadas en la Bolsa de Londres de ese ejercicio. Es decir, en una de cada cinco operaciones, se percibió una subida atípica de las acciones de la firma opada antes de que se comunicara la transacción.
Pese a todas esas sospechas iniciales, la FCA solo abrió 56 expedientes en 2017 para lanzar una investigación en profundidad. En los cinco años hasta junio de 2018, la agencia reguladora solo logró la victoria judicial en ocho casos donde acusaba a inversores de utilizar datos clave. La principal fue la Operación Tabernula, donde dos personas fueron condenadas por organizar una banda que aprovechó información privilegiada para ganar 14 millones de libras (16,2 millones de euros).
Prevención
Ante la dificultad de investigar a posteriori este tipo de delito, una de las estrategias de la FCA es prevenir los abusos, obligando a las empresas y a sus asesores financieros a que extremen los controles sobre la información que manejan, especialmente cuando analizan grandes operaciones. Pero, mientras los altos ejecutivos que toman las decisiones son sometidos a un fuerte control en esta área (cada vez que una empresa negocia una transacción debe comunicar un listado de personas con acceso a la información), el supervisor considera que hay otras vías de filtración a las que se presta poca atención.
En junio de 2018, por ejemplo, la FCA interrogó al chófer de Roland Rudd, presidente de Finsbury, una firma de relaciones públicas que asesora a empresas en la comunicación de sus operaciones corporativas. Aunque en la City se habló de la posibilidad de que el conductor hubiera aprovechado las conversaciones de su jefe en el asiento trasero para invertir, el caso no parece haber ido más allá.
En 2012, seis empleados de los departamentos de fotocopias de JPMorgan y UBS fueron sentenciados a prisión por ganar un millón de libras gracias a la lectura de documentos internos que pasaban por sus manos.
Según Julia Hoggett, directora de supervisión de mercados de la FCA, «las firmas deben considerar quiénes en sus instituciones pueden acceder a información privilegiada, aunque estén fuera de los equipos específicos implicados en una operación».
Inspiración televisiva
Hoggett, quien trabajó en Bank of America Merrill Lynch antes de pasar al regulador, puso como ejemplo en un reciente discurso una serie de televisión emitida por ITV, y titulada Cleaning up (Limpiando). En ella, una limpiadora de las oficinas de un banco en el distrito financiero de Canary Wharf se dedica a pasar información que consigue en las papeleras y en conversaciones que escucha a cambio de una comisión. «Aún reconociendo la necesidad de los productores de dramatizar la situación -no quiero sugerir que los limpiadores van espiando por las oficinas-, es razonable esperar que las personas trabajando en diversas funciones, desde la limpieza hasta el cumplimiento regulatorio, pasando por el apoyo tecnológico y otras funciones, tengan que ser consideradas en el análisis de los riesgos de las firmas en el manejo de la información privilegiada», avisa Hoggett. Buenas noticias para los fabricantes de trituradoras de papel.