Ayer miércoles, la gendarmería nacional entregó al vicepresidente de la República, Teodoro Nguema Obiang Mangue, el informe del expediente del caso Ceiba Intercontinental, quien, a su vez, remitió dicho expediente a la Fiscalía General de la República.
Según el informe de la Comisión de Auditoría y la Gendarmería, se ha sabido que de 2016 a 2022 más de 5.430 millones de FCFA de operaciones y pagos realizados no han sido justificados.
Los exdirectores de la compañía, Lucas Abaga Nchama, Alfonso Osa Nguema, Bienvenido Esono Engonga y Luciano Esono Bitegue respectivamente, quienes también estaban presentes en dicha reunión, se han desvinculado del tema económico, alegando que los ajustes de cuentas y gastos de aprovisionamiento que realizaba la empresa eran responsabilidad del director financiero, Bienvenido Ateba Mangue, quien, a su vez, ha desmentido esas acusaciones asegurando que un director financiero de Ceiba no tiene facultad para efectuar un pago sin el consentimiento del director general.
Ha añadido también que si un director general se percata de una operación fraudulenta tiene la potestad de destituir al director financiero, según los estatutos, por lo tanto, no pueden ignorar estas operaciones.
El director financiero de Ceiba Intercontinental ha continuado con su intervención exponiendo las causas que ocasionaron la quiebra de compañía aérea nacional destacando la incapacidad de gestión de los directores, la utilización irracional de los aviones, el reclutamiento abusivo del personal en tiempo de la Covid-19, el mal manejo de las cuentas de la compañía en el extranjero, entre otras.
Tras escuchar a las partes, Nguema Obiang Mangue ha felicitado la exposición del director financiero por haber proporcionado nuevos datos que han esclarecido aún más la mala gestión que ha arruinado la compañía nacional. En este sentido, ha lamentado la forma en la que se ha gestionado la entidad trasladando de este modo, el caso Ceiba a la Fiscalía General de la República para que la justicia determine la responsabilidad y la respectiva pena de cada uno de los implicados; a la par que ha matizado que los que resulten culpables deberán reponer el dinero en las arcas del Estado.
