El uso de las criptodivisas está en primera línea de la agenda de los grandes organismos financieros internacionales. Los principales bancos centrales del mundo ya analizan las fórmulas para lanza una versión digital de sus divisas, que sirva como complemento al efectivo, ante la evidencia de un uso cada vez más generalizado de los pagos digitales. Y el Consejo de Estabilidad Financiera, el organismo creado en 2009 para velar por la estabilidad financiera global tras la anterior crisis, ha publicado hoy la hoja de ruta con la que los países del G20 deberán mejorar los pagos transfronterizos y regular las denominadas criptomonedas estables o stablecoins.
Este tipo de divisas digitales han surgido como alternativa mucho menos volátil al bitcoin o el ether y se caracterizan por estar respaldadas ya sea por una divisa, como es el caso de Tether o Truecoin con el dólar estadounidense; por un activo físico como el oro, como sucede con el G-Coin o por una criptodivisisa, una fórmula más controvertida ya que emplea una moneda digital como respaldo en el propósito de dar un valor más estable. Aunque el ejemplo más mediático de criptomoneda estable sería el proyecto Libra de Facebook.
El Consejo de Estabilidad Financiera reconoce que las stablecoins tienen el potencial de ofrecer un servicio financiero más estable, aunque también pueden generar un riesgo para la estabilidad financiera, especialmente si se adoptan a gran escala. Destaca su papel como alternativa a la alta volatilidad de las criptodivisas tradicionales, como sería el bitcoin, y su capacidad de facilitar un sistema de pagos más eficiente, capaz de promover la inclusión financiera. Sin embargo, si adquieren una dimensión global pueden convertirse en un fenómeno sistémico que requiere una regulación coordinada y efectiva, por lo que el organismo propone una hoja de ruta para el desarrollo eficiente y controlado de esta fórmula de pago.
El Consejo de Estabilidad Financiera recomienda a los países miembros del G20 haber alcanzado uso estándares internacionales para diciembre de 2021, fecha en la que deberán haberse alcanzado acuerdos de cooperación entre las autoridades globales, en función también de la evolución del mercado.
El organismo propone igualmente que se establezcan los ajustes necesarios a nivel nacional, con el fin de adaptar las recomendaciones internacionales a la regulación y supervisión nacional, en julio de 2022. Y establece julio de 2023 como fecha para revisar la implementación de los estándares internacionales y las necesidades regulatorias
