Decenas de víctimas que han esperado 13 años para el proceso abarrotaron las galerías superiores de la sala construida a tal efecto. Con una multitud de periodistas y funcionarios abajo, vieron cómo Camara y otros 10 ex militares y funcionarios del gobierno que estaban siendo juzgados entraban en la sala. El proceso fue retransmitido en directo por la televisión nacional.
«Es como un sueño, aunque siempre hemos creído que iba a ocurrir», dijo a la AFP Asmaou Diallo, director de una asociación de víctimas.
Camara, de 58 años, y los demás acusados se enfrentan a una letanía de acusaciones que van desde el asesinato a la violencia sexual, los secuestros, los incendios provocados y los saqueos, y el propio Camara está acusado de «responsabilidad penal personal y de mando» por los crímenes.
El 28 de septiembre de 2009, y en los días siguientes, las fuerzas de seguridad leales al entonces líder de la junta mataron a 156 personas y violaron al menos a 109 mujeres que se habían reunido para un mitin político en un estadio de Conakry, según un informe encargado por la ONU.
Las cifras reales son probablemente más altas.
Decenas de miles de partidarios de la oposición se habían manifestado pacíficamente contra una posible candidatura electoral de Camara, que había llegado al poder en un golpe de Estado en diciembre de 2008 antes de ser investido presidente.
Numerosos testimonios relatan cómo las fuerzas de seguridad entraron en el estadio, acordonaron las salidas y abrieron fuego indiscriminadamente contra una multitud que había sido previamente festiva.
Los asesinos atacaron a civiles desarmados con cuchillos, machetes y bayonetas, dejando las gradas, los pasillos y el césped sembrados de muertos y moribundos. Agredieron sexualmente y luego mataron a muchas mujeres. Otras murieron pisoteadas por el pánico.
Los investigadores internacionales concluyeron que los abusos podrían calificarse de crímenes contra la humanidad, señalando que la brutalidad se prolongó durante varios días contra las mujeres secuestradas y los hombres detenidos que fueron torturados.
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, pidió el miércoles a las autoridades guineanas que respeten el derecho internacional, concretamente la protección de los testigos y la presunción de inocencia. «La justicia… no es un ejercicio cosmético», dijo en Conakry. «Seguiré muy de cerca este juicio».
«Voluntad política»
Pramila Patten, representante especial de la ONU, felicitó a la junta gobernante por su «muestra de voluntad política» para seguir adelante con el juicio.
A pesar de los recurrentes compromisos del régimen del ex presidente Alpha Conde, las víctimas y los familiares llevan más de una década esperando el juicio.
Los retrasos por parte de los gobernantes y la impunidad de las fuerzas de seguridad que se había convertido en una «institución», según la comisión, pusieron en duda durante mucho tiempo las posibilidades de un juicio.
Entonces, el jefe de la actual junta militar, el coronel Mamady Doumbouya, que llegó al poder en un golpe de estado en 2021 tras 11 años de gobierno civil, exigió en julio que el juicio se celebrara antes de la fecha del próximo aniversario.
Camara había estado viviendo en el exilio en Burkina Faso, pero regresó a Conakry el sábado para ser juzgado. Sus familiares dicen que pretende «limpiar su nombre».
Los acusados fueron encarcelados el martes y se les dijo que estarían detenidos mientras durara el juicio. «Ni siquiera me atrevo a creer que mis violadores sigan vivos», dijo a la AFP una superviviente, que pidió permanecer en el anonimato. «Pero el hecho de que se celebre este juicio es un alivio».
