El documento, firmado por el secretario de Estado Marco Rubio, fue enviado a los diplomáticos estadounidenses y detalla la intención de ampliar las restricciones de entrada a los ciudadanos de estas naciones. La mayoría de los países en la nueva lista provienen de África, con un total de 22 territorios que podrían enfrentar restricciones de visado o prohibiciones de viaje. Algunos de estos países son:
Angola, Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Yibuti, Etiopía, Egipto, Gabón, Gambia, Ghana, Liberia, Malawi, Mauritania, Níger, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue. Además, la lista incluye varios países caribeños como Antigua y Barbuda, Dominica, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía, así como Bután, Camboya, Kirguistán y Siria de Asia, y Tonga, Tuvalu y Vanuatu de Oceanía.
Esta nueva lista se sumaría a los 12 países que ya enfrentan un veto migratorio desde el 9 de junio, que incluye naciones como Afganistán, Myanmar e Irán.
Exenciones y requisitos
Aunque el memorando establece una lista clara de países que podrían ser objeto de restricciones, también menciona que algunos gobiernos podrían quedar exentos si cumplen con ciertos requisitos establecidos por el Departamento de Estado en un plazo de 60 días. Las condiciones incluyen:
- La capacidad de los gobiernos para proporcionar documentos de identidad fiables.
- La cooperación para facilitar la deportación de ciudadanos estadounidenses.
- La situación de los ciudadanos de esos países en relación con actividades consideradas como «terrorismo» o «antisemitismo».
Si esta nueva prohibición se implementa, representaría una ampliación significativa de las restricciones previamente establecidas. Esta medida forma parte de la actual ofensiva migratoria de la Administración Trump, que también ha incluido la deportación de venezolanos sospechosos de pertenecer a pandillas hacia El Salvador.
Durante su primer mandato, Trump ya había instaurado un veto de entrada a viajeros de siete países de mayoría musulmana, una política que fue objeto de múltiples revisiones antes de ser confirmada por la Corte Suprema en 2018. La nueva propuesta de veto podría marcar un paso más en esta línea de políticas restrictivas.
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