El Fiscal General de la República, Anatolio Nzang Nguema, acompañado de Francisco Moro Nve, en representación de la comisión jurídica del estado, ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación para la ratificación de la sentencia Nº 66/2019 a favor de la República de Guinea Ecuatorial en el caso contra el GRUPO FRANCISCO HERNANDEZ CONTRERAS “EL POCERO”, que ha vuelto a ser desestimado el recurso de apelación presentada por la procuradora Doña María Carmen Otero García por la Audiencia Provincial de Madrid mediante la sentencia nº 524/2019.
En espera de un nuevo recurso extraordinario de casación hasta el 15 de diciembre, según la ley española, y en caso contrario, “la sentencia seria firme a favor de la República de Guinea Ecuatorial”. Aseveró el Fiscal General.
Según fuentes consultadas, el grupo POCERO llegó a Guinea Ecuatorial como inversor en el sector de la construcción, y firmó un memorando de entendimiento con el gobierno, y fue encargado de algunos proyectos que, según la Fiscalía General del Estado, dependiendo de los expedientes y los informes, los trabajos de “POCERO” no fueron considerados por el gobierno porque los trabajos que elaboró no eran diseñados para Guinea Ecuatorial. Y por otra parte no quiso cumplir con los requisitos que establece la ley de contratos del estado para los expatriados, ni se sometió al estatuto del inversor para la República de Guinea Ecuatorial”, ha asegurado Anatolio Nzang Nguema.
POCERO se presentó primero al Centro Internacional de arreglo en materia de inversiones, al ser desestimado por esa organización, denunció a la República de Guinea Ecuatorial en la Audiencia Provincial de Madrid, pidiendo una suma de 548.739.210, 14 euros en concepto del hipotético contrato firmado con GE, y una indemnización de 107 millones de euros por los intereses posteriores del pago de su contrato. Una pretensión que la justicia española ha vuelto a desestimar.
