Después de la realización de las conferencias presupuestarias en el ministerio de Hacienda, Economía y Planificación hace solo unos meses, el Presupuesto General del Estado (PGE), ha vuelto a ser sometido al Consejo Interministerial este martes con el objetivo de analizar dónde y en qué apartados de este realizar ciertas modificaciones para adecuarlo a la situación económica actual.
Esta reunión de ministros, que por ley preside el Primer Ministro del Gobierno, Francisco Pascual Obama Asue como Coordinador de la administración pública, se ha planteado otra vez aumentar la política de austeridad económica en la administración central, con la reducción de muchas partidas presupuestarias que anteriormente se habían fijado anteriormente en apartados como el gasto público o el de inversiones, dado que la actual crisis económica no hace nada más que agravar y las previsiones económicas, tanto de G.E, como del mundo van siendo cada vez más pesimistas, donde la producción de productos perecederos como el petróleo se estiman en caídas más que considerables; lo que afecta directamente al país, ya que depende en gran medida del oro negro.
En otro contexto, la necesidad de que el Estado recaude lo suficiente para no llegar a la insolvencia, es otro de los apartados que se ha analizado y que en los últimos meses viene cobrando mucha más fuerza y se patentiza con algunas acciones ya emprendidas por el ejecutivo como la adopción de la Ley Anticorrupción, las recientes desvelaciones de tramas de corrupción en el seno de la administración pública, etc.
El Presupuesto Rectificativo refleja las acciones gubernamentales diseñadas para el control y la racionalización de los gastos recurrentes destinados a la ejecución de los programas y obligaciones integradas en los estados de gastos de la Administración Central del Estado y sus Organismos Públicos; tratando de excluir dichos recortes de las partidas presupuestarias destinadas a sufragar el gasto social, en especial, aquellas correspondientes a Sanidad y a Educación.
La presentación conjunta del anteproyecto realizada por el Ministerio de Hacienda ha suscitado un largo debate, tras el cual se procedía a su adopción, con el fin de que sea elevado al próximo Consejo de Ministros.
