Durante las sesiones de debate ayer en el Senado, antes de proceder a la aprobación del proyecto de ley que establece Normas para la Reactivación de la Actividad Marítimo-Portuaria y la regulación de algunas tasas en los sectores de Hacienda, Comercio y Telecomunicaciones, varios portavoces de los grupos parlamentarios representados tomaron la palabra para dar sus valoraciones al respecto.
Entre las intervenciones, Tomás Mecheba Fernández recordó al ministro de Comercio la labor que le aguarda después de que se apruebe la regulación de las tasas portuarias y se ponga en marcha. “Nos han sorprendido muchísimas cosas que hemos escuchado y un país no debe funcionar así. No podemos funcionar así”.
El senador considera que la puesta en funcionamiento de este proyecto de ley, no sólo beneficiará a la población sino a los comerciantes que operan en Guinea Ecuatorial. Por lo que, espera que los abusos que se producían hasta ahora desaparezcan para dar paso a las nuevas expectativas que establece la propuesta.
“Creo que como Estado tenemos suficientes recursos para que nuestros puertos dispongan de maquinaria, equipo, grúas y todo, para que estos servicios abusivos que están cobrando las empresas instaladas en nuestro país se acaben. Pensamos que la labor que está haciendo el consejo de cargadores debe ser rectificada”.
Una de las medidas en las que insistió Mecheba Fernández es que se crea un cuerpo de inspección para que cada 3 meses, verifiquen si se aplican las tasas establecidas. “Que vayan personas a verificar e informar al Gobierno cada tres meses si todo lo que recoge esta ley que estamos aprobando se está cumpliendo, que todas las cosas negativas de las que mucha gente se queja del funcionamiento de los puertos se están resolviendo. La pérdida de soberanía real de nuestros puertos es una vergüenza”.
El miembro del Senado recomendó igualmente al Gobierno, especialmente al Ministerio de Transportes que una vez aprobada la ley busquen mecanismos para solucionar tanto el tema de los fletes como otras irregularidades que se han hecho públicas durante las sesiones de trabajo. “El consejo de cargadores no es una propiedad privada, no es una propiedad personal, es una entidad pública”.
