En este encuentro presidido por Nguema Obiang Mangue, al que también asistieron el Primer Ministro del Gobierno, Manuel Osa Nsue, así como los dirigentes de los órganos constitucionales, y los ministerios involucrados, además de los responsables de GE-Proyectos, las Consultorías internacionales y la Abogacía del Estado; se volvió a analizar la situación de las 24 no conformidades que figuran en el contrato de construcción de dicha central hidroeléctrica.
Durante el desarrollo de esta reunión celebrada en el Palacio del Pueblo en Malabo, se ha sabido que la empresa reclamaba al Estado ecuatoguineano el pago de 90 millones de euros por los trabajos realizados y gastos extrapresupuestarios. Sin embargo, la semana pasada, después de entablar negociaciones con el Primer Ministro bajo recomendaciones del Vicepresidente de la República, para revisar los diferentes conceptos del Presupuesto, la deuda ya no es de 90 millones de euros, sino de 30 millones de euros.
En este sentido, Nguema Obiang Mangue, en su estrategia de luchar contra la sobrefacturación en los proyectos del Estado, ha recomendado a los presentes analizar nuevamente los conceptos para asegurarse de que ese es el monto real que el Gobierno debe pagar a la empresa Duglas. Esto se debe a que no comprende porqué la firma ahora sostiene que la deuda es de 30 millones de euros, cuando antes exigía el triple de esa cantidad.
Por su parte, la empresa suiza AFRY, supervisora de este proyecto de construcción de la Central Hidroeléctrica, ha revelado en su informe que existen varias no conformidades que afectan diferentes aspectos de la construcción civil y la electromecánica. Estas anomalías podrían mermar la calidad y el funcionamiento de la obra y podrían generar una deuda de más de 191 millones de euros por parte de Duglas Alliance al Estado ecuatoguineano.
Para encontrar un punto de entendimiento entre las partes, la segunda figura del país ha propuesto, por un lado, que se soliciten explicaciones a la firma sobre las no conformidades, incluidas las que afectan la construcción de la presa y los equipos, así como la presentación de la certificación de la misma y el estudio de ejecución. Por otro lado, ha planteado detallar los conceptos que justifican los 30 millones de euros exigidos al Estado ecuatoguineano.
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