Se ha tomado esta decisión después de que el Ejecutivo ecuatoguineano se percatara de que los ciudadanos están realizando obras de construcción en espacios señalados como “terrenos del Estado”, obviando las disposiciones legales, además de efectuar ventas ilegales de estos terrenos a personas físicas y jurídicas, sin poseer las correspondientes autorizaciones de la Presidencia de la República ni de los organismos municipales.
Si bien el Gobierno considera que dichas prácticas violan la normativa vigente y comprometen el desarrollo urbanístico del país, las medidas adoptadas mediante la Resolución Ministerial Número 1/2025, de fecha 16 de abril, prohíben cualquier tipo de edificación y venta de terrenos en toda la jurisdicción nacional, garantizando el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia urbanística y preservando el interés público.
El capítulo 2, en su artículo 130 de la Ley Número 8/2005, que estipula la regulación del uso del suelo, establece la obligatoriedad de obtener autorización previa para llevar a cabo cualquier acto de edificación o construcción en espacios urbanos. Este principio legal es complementado en la Resolución Ministerial adoptada recientemente en su artículo primero, que prohíbe la realización de obras de edificación en los terrenos cuya propiedad es del Estado en todas las cabeceras provinciales y distritales del país, sin la extensión de una licencia por parte de la Administración Pública, en conformidad con lo establecido en la Ley de Ordenación Urbana y en la Ley Número 1/2003, de fecha 28 de febrero, reguladora de la Administración Local.
En este sentido, el artículo 2 de la Resolución Ministerial obliga a los ciudadanos, instituciones del Estado y personas jurídicas a respetar los planes de urbanización aprobados, absteniéndose de efectuar compras o ventas de terrenos de propiedad pública. La ley solo permitirá a las personas llevar a cabo obras de construcción o adquisición de espacios de tierra cuando hayan presentado ante la Dirección General de Urbanismo y Seguimiento Normativo una licencia de obra que certifique la compatibilidad con los planes urbanísticos del Gobierno local.
Para el cumplimiento de las nuevas disposiciones ministeriales, se establecerán Brigadas de inspección urbanística en todo el país, las cuales podrán imponer sanciones y tomar acciones legales contra aquellas personas que incumplan lo establecido.
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