El encuentro ha puesto de manifiesto la preocupación del Ejecutivo ante la proliferación de construcciones que no se ajustan a la planificación urbanística establecida en el tramo comprendido entre la zona de Gepetrol de Malabo II y el peaje del aeropuerto, un área concebida para desarrollos residenciales de alto nivel, espacios institucionales y servicios.
En este contexto, el vicepresidente ha instruido a las autoridades competentes a verificar la situación legal de cada parcela y edificación. Los ocupantes deberán presentar sus títulos de propiedad. Aquellos que acrediten la titularidad legal serán indemnizados y reubicados conforme a la normativa vigente, garantizando el respeto a sus derechos.
Nguema Obiang Mangue ha subrayado que las construcciones irregulares deterioran la imagen urbana, reducen el valor de las zonas y dificultan una planificación ordenada del crecimiento de la ciudad. Por ello, insistió en la necesidad de respetar los criterios definidos para cada espacio.
Asimismo, ha encargado al Ayuntamiento de Malabo, en coordinación con los ministerios implicados, la elaboración urgente de un plan de ordenación urbana que delimite claramente las áreas residenciales, comerciales e institucionales, y establezca criterios precisos para el uso del suelo.
La segunda figura política del país también ha recordado que los presidentes de comunidades no tienen competencia legal para la venta de parcelas, advirtiendo que cualquier transacción realizada al margen de la normativa vigente será considerada irregular y dará lugar a las acciones legales correspondientes. Asimismo, ha instado a la población a verificar siempre la legalidad de los terrenos antes de cualquier adquisición, con el fin de evitar conflictos futuros y garantizar la seguridad jurídica de las propiedades.
