La Cámara de los Diputados ha admitido a trámite la Proposición de Ley del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, tras analizar el informe presentado por la comisión especial designada para estudiar esta iniciativa legislativa. El texto busca establecer un marco normativo claro que regule la actuación de este órgano encargado de la fiscalización económica del Estado.
El Tribunal de Cuentas, creado tras la reforma de la Ley Fundamental en 2012, fue concebido como una herramienta para fortalecer la supervisión del uso de los recursos públicos. Su función principal es garantizar una gestión transparente, eficiente y conforme a la legalidad de los fondos del Estado y del conjunto del sector público.
La propuesta legislativa define, en su título primero, el régimen de fiscalización económico-financiera y delimita la jurisdicción contable del órgano, reconociendo su naturaleza jurisdiccional. En este sentido, el tribunal tendrá competencia para enjuiciar las responsabilidades derivadas de la mala gestión de caudales públicos por parte de quienes los administran, custodian o utilizan.
Asimismo, se establece que corresponde exclusivamente al Tribunal de Cuentas juzgar las responsabilidades contables que se deriven de acciones u omisiones contrarias a la normativa vigente en materia de finanzas públicas y presupuestos generales del Estado. No obstante, se excluyen de su competencia aquellas materias que corresponden a otras jurisdicciones, como la constitucional, la contencioso-administrativa, la penal o la civil.
En el ámbito de la fiscalización, el órgano centrará su labor en el control de contratos públicos, las variaciones del patrimonio estatal, así como las modificaciones presupuestarias. También supervisará el uso de subvenciones, créditos y otras ayudas concedidas por el sector público.
El Tribunal de Cuentas elaborará una Memoria Anual que será remitida al Presidente de la República y al Parlamento. Este documento recogerá tanto las actuaciones realizadas como propuestas orientadas a mejorar la gestión económico-financiera, promoviendo criterios de eficiencia y racionalidad en el gasto público.
Durante la sesión plenaria, el informe fue presentado por el presidente de la comisión especial, José Pablo Nvo Owono Aviri, y posteriormente valorado por los distintos grupos parlamentarios. Tras el debate, la proposición fue aprobada para continuar su tramitación en la comisión correspondiente, donde será objeto de un análisis más detallado.
Además de regular las funciones del tribunal, la iniciativa contempla el Estatuto del Personal al servicio de esta institución, reforzando su estructura organizativa. Los diputados han valorado positivamente la admisión a trámite de esta ley, considerándola un reflejo del dinamismo legislativo y del compromiso del Parlamento con el control de la acción gubernamental.
La sesión estuvo presidida por el titular de la Cámara, el Doctor Salomón Nguema Owono, en un contexto en el que también se ha avanzado en la armonización normativa con directivas de la CEMAC relacionadas con la gestión financiera pública.
