Las inspecciones emprendidas por el Gobierno a las empresas de mantenimiento que prestan servicios al Estado continúan destapando incumplimientos en materia fiscal, laboral y administrativa. La revisión de un tercer grupo de 50 compañías ha permitido detectar una deuda de 950.821.573 francos CFA, elevando a 4.796.399.605 francos CFA el importe acumulado por las 150 empresas evaluadas hasta el momento por conceptos pendientes con Hacienda, el INSESO, el FPT y otros tributos.
Entre las empresas convocadas en esta fase, cuatro no comparecieron ante la comisión ni presentaron la documentación requerida para la verificación de su situación. Ante esta circunstancia, el vicepresidente de la República, Nguema Obiang Mangue, ha ordenado la rescisión inmediata de sus contratos, al tiempo que ha señalado que estas sociedades deberán responder igualmente por las obligaciones económicas que mantienen con el Estado.
Para las compañías que sí fueron sometidas al proceso de evaluación, el Ejecutivo ha establecido la obligación de acordar un plan de pagos con Hacienda con el fin de regularizar su situación. En caso de incumplimiento, se enfrentarán a la suspensión de los pagos por parte de la Administración y, si la situación persiste, a la resolución de sus contratos para abrir el procedimiento de nuevas licitaciones.
Las verificaciones también han revelado casos de empresas cuyos propietarios ni siquiera han podido ser identificados, pese a que durante años han percibido pagos por contratos públicos. Según explicó el vicepresidente en un mensaje publicado este miércoles en su cuenta oficial de X, estas entidades no solo incumplían sus obligaciones tributarias, sino que además remuneraban a sus trabajadores por debajo de las condiciones salariales establecidas por la legislación vigente.
A raíz de estos hallazgos, el Gobierno ha decidido extender la rescisión de contratos a todas aquellas empresas que vulneren los derechos laborales de sus empleados o incumplan las obligaciones que les impone la normativa.
Como parte de las medidas para fortalecer la supervisión de la contratación pública, el vicepresidente informó de que ha instruido a la comisión encargada de las inspecciones a diseñar un nuevo sistema de control que permita conocer en tiempo real la situación de cada empresa, el grado de ejecución de los trabajos contratados, el número de trabajadores empleados y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, entre otros indicadores.
