En el marco del análisis de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Fermín Nguema Esono concedió una entrevista a la prensa en la que reflexionó sobre uno de los principios que considera fundamentales dentro del sistema de justicia: la protección de la libertad personal. Para el vocal del Consejo Superior del Poder Judicial, privar a una persona de su libertad constituye una de las decisiones más graves que puede adoptar una autoridad, por lo que debe estar plenamente justificada y sustentada en circunstancias que realmente la ameriten.
En este sentido, Nguema Esono afirmó que, tras analizar la realidad nacional, considera que la libertad aún no recibe el valor que merece dentro de la sociedad ecuatoguineana. Lamentó que existan mecanismos que, en su opinión, facilitan el ingreso de personas en prisión sin que siempre concurran las condiciones necesarias.
«He llegado a la conclusión de que en nuestra sociedad la libertad no está suficientemente valorada. He ahí que jueces y otras autoridades tienen mecanismos fáciles para hacer que alguien ingrese en prisión. Hay que educar a la sociedad para que empiece a valorar lo que es la libertad. Parece mentira que nosotros, que ansiábamos la libertad y salimos de la colonización invocando la libertad, luego no sepamos valorarla. Nuestro himno habla de libertad, pero la valoración social de la libertad no es suficiente».
El vocal del Consejo Superior del Poder Judicial insistió en que esta situación resulta especialmente preocupante cuando intervienen autoridades ajenas al ámbito judicial.
«Es preocupante la facilidad con la que nuestras autoridades judiciales y no judiciales, eso de no judiciales es preocupante, tengan la facilidad de mandar a alguien a la cárcel».
Asimismo, destacó una práctica que, según afirmó, continúa produciéndose en algunas comisarías del país: la tramitación de conflictos de naturaleza civil como si se tratara de asuntos penales.
Explicó que el incumplimiento de obligaciones contractuales, como el impago del alquiler de una vivienda, no constituye un delito, sino una controversia de carácter civil que debe resolverse por las vías correspondientes y no mediante la privación de libertad.
«No toda ilegalidad es un delito. Alguien que deja de pagar el alquiler de su casa no está cometiendo ningún delito. Es ilegal, debe pagar al dueño. Pero esos temas se llevan a la comisaría. La comisaría no toca temas civiles. Esto es una deuda civil y el comisario, que debería saber que eso no corresponde a la comisaría, asume el tema y a lo mejor mete al inquilino en la cárcel».
En esa misma línea, sostuvo que numerosas personas permanecen privadas de libertad por conflictos relacionados con deudas civiles, una situación que calificó de preocupante y que, a su juicio, refleja un desconocimiento de los límites entre las jurisdicciones civil y penal.
Finalmente, Fermín Nguema Esono reiteró la necesidad de fortalecer la cultura de respeto a la libertad como derecho fundamental y advirtió que la privación de este derecho no debe convertirse en una medida habitual o arbitraria.
«Es preocupante la falta de valoración de la libertad del ser humano. Nos saltamos eso con una frecuencia enorme. Hay militares que, por el mero hecho de ser militares, ya creen que tienen facultades para meter a alguien en la cárcel».
